Mañana se cumplen 4 décadas desde el día en que el “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas” tomó los periódicos independientes del país, incluyendo a este diario. Pasarían seis años hasta que los medios confiscados pudiesen volver a manos de sus propietarios.
Creemos que vale la pena recordar la fecha, particularmente habida cuenta de las amenazas y los ataques directos que hoy sigue sufriendo la prensa escrita por parte de varios gobiernos de la región, resaltando los de Argentina, Ecuador y Venezuela. En estos dos últimos países, más concretamente, hay hasta superintendencias oficiales creadas especialmente para revisar, censurar y sancionar a los medios. Aunque es cierto que en Venezuela es muy restringido lo que la superintendencia pueda hacer: ahí ya casi no quedan medios independientes del gobierno, con excepción de algunos valientes diarios que sólo pueden circular gracias a que reciben papel prestado por otros periódicos latinoamericanos para poder circunnavegar el bloqueo de divisas al que, con el fin de que no puedan adquirir sus suministros, los tiene sometido el gobierno. Lo que, desde luego, no quiere decir que se deba subestimar los alcances del enfrentamiento del presidente Correa con la prensa libre, para la que hasta ha logrado crear delitos ad hoc en su país y a la que ha tratado de desproteger más allá de este, liderando dos felizmente fracasadas embestidas en el seno de la OEA para someter a la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH. Tampoco los de la señora Kirchner: “a veces pienso sino sería importante nacionalizar […] los medios de comunicación”.
La principal razón por la que vale la pena recordar lo sucedido con la prensa peruana hace mañana cuatro décadas a propósito de lo que está sucediendo con los medios en otros países de la región es que la excusa dada en todos los casos – tanto en el del general Velasco como en los contemporáneos- para intervenir o limitar a la prensa libre es, aunque venga formulada de varias formas diferentes, siempre la misma. La prensa cumple una labor de “interés público” – “formar la consciencia nacional”, decía el decreto de expropiación del 26 de julio de 1974- que no puede ser dejado en manos de “unos pocos poderosos” y que corresponde más bien al gobierno tutelar, cuando no cumplir directamente. Desde luego, este interés público viene interpretado como coincidente con la agenda y actuación del gobierno que lo va a “proteger”. El discurso que el general Velasco dio dos días después de su decreto era muy elocuente a este respecto: “cuando la dirección de cualquiera de estas instituciones [refiriéndose a los ´sectores organizados de la población a los que se entregaría los periódicos] (…) tome (…) decisiones contrarias a ella misma y a la Revolución, resistiremos tales decisiones…”. Después de todo, decía el general, aunque él y su Revolución respetasen “posiciones distintas a la nuestra dentro de las instituciones sociales, debemos actuar sobre la base de que la Revolución representa una alternativa claramente superior a las demás”. Sobre esa misma base, por supuesto, es que en Argentina incurren en multa los medios de prensa que den cifras de inflación diferentes a las (inverosímiles) del gobierno y que en Ecuador si un medio critica reiteradamente a un funcionario pueden incurrir en el novedoso delito de “linchamiento mediático”.
Por supuesto, lo que hay atrás de todos estos intentos de “democratización” de la prensa por medio de la mano de los gobiernos es una intención de silenciar en ella a las voces que lo critican y de limitar, por tanto, la libertad de consciencia y pensamiento de los ciudadanos que escogen escuchar estas voces (incluso en los casos en los que lo hacen solo para discrepar de ellas). Y la gran trampa del razonamiento que presentan a sus pueblos cuando buscan su aprobación para intervenir (directa o indirectamente) en la prensa es la que supone el hacer pasar el poder de “unos pocos” dueños de periódicos como algo que no depende total y diariamente de los consumidores que quieran escoger –o no- sus productos y coincidir – o no- con ellos. Con lo que logran hacer creer a muchas personas que en sus intervenciones limitan el poder de los medios, cuando en realidad están limitando el poder de los ciudadanos para elegirlos.
Por lo demás, siempre es instructivo recordar como el Gobierno Revolucionario produjo la mejor prueba de dónde yace el verdadero poder de la prensa cuando, luego de que de tomase los periódicos para imponer en ellos una “auténtica libertad de expresión” (la de su propia voz), vio como se producía un “boom de la prensa no diaria” (e independiente), mientras que tenía que ir bajando el tiraje de todos sus diarios confiscados.