Editorial: Tronos presidenciales

La semana pasada, miles de ecuatorianos protestaron en rechazo a diversas enmiendas constitucionales propuestas por el gobierno de Rafael Correa, entre ellas el establecimiento de la reelección presidencial indefinida. En los hechos, el presidente parecería estar admitiendo que quiere más de lo que ahora puede tener. Recordemos que fue él mismo quien en el 2008 diseñó una reforma constitucional que prohibió la reelección inmediata (reforma que irónicamente ya le permitió, gracias a artilugios legales, un segundo período que “no contó” como tal).

Las manipulaciones constitucionales para perpetuar el poder no son, por supuesto, patrimonio exclusivo del señor Correa. Se espera que el 12 de octubre Evo Morales sea elegido para su tercer período, pese a que en Bolivia solo se permite una reelección consecutiva. Todo esto gracias a una ocurrente “interpretación” del Tribunal Constitucional que aseguró que, aunque Morales fue antes presidente de Bolivia, se encuentra en su primer período como presidente del refundado “Estado Plurinacional de Bolivia”. Un poco más al sur, en Buenos Aires, los rumores de re-reelección también suenan. Aunque el gobierno hasta ahora los niega, no ha ayudado a aplacarlos el que el hijo de Cristina Fernández señalara recientemente a los opositores de su madre que no le tengan “miedo a las urnas” y que, si dicen que ella está tan mal, que compitan y le ganen.

Alguien podría sostener, por supuesto, que nada hay de malo en que los presidentes se reelijan de manera continuada cuantas veces desee la ciudadanía; al contrario, sería un premio a su buen desempeño. Esto, lamentablemente, es pecar de ingenuo. La democracia es bastante más que la delegación de poder que hacen los votantes una vez cada cuatro o cinco años en las urnas: la democracia es un sistema de garantías individuales, que existe solo donde hay contrapesos que protejan los derechos fundamentales. Y son precisamente estos contrapesos los que peligran cuando un mandatario se aferra al poder.

Ahí está la historia de los países de los que venimos hablando para probarlo. En Ecuador, por ejemplo, el reporte Humans Rights Watch 2014 denunciaba, entre otras cosas, que el Poder Judicial ecuatoriano ha sido afectado durante años por la influencia política. Con similar acusación carga la judicatura boliviana, pues varias voces aseguran que Morales habría designado en esta a personas de su entorno. Evidentemente, el caso más extremo de la región (sin contar por supuesto a Cuba) es Venezuela: la historia es conocida y baste decir que –según el último Reporte de Competitividad Global– se encuentra en el último lugar de 144 países en las categorías de independencia judicial y transparencia del diseño gubernamental de políticas.

La prensa, por otro lado, ha sido también víctima de aquellos presidentes que se perpetúan en el poder. Esto no es sorpresa, teniendo en cuenta que así se dificulta a los ciudadanos conocer qué efectos están realmente teniendo la política del gobierno. En Ecuador, como han denunciado varias organizaciones internacionales, el gobierno oprime continuamente a la prensa y ha abierto la puerta de la censura al establecer que, bajo el argumento de que no se trataría de información “veraz”, puede exigir a los medios que se rectifiquen y disculpen públicamente. En Argentina, por dar solo un ejemplo más, los medios también han sido reprimidos por la prensa e, incluso, se ha perseguido durante años la publicación de estadísticas no oficiales.

Hay, además de las anteriores, otra razón por la que decíamos que es ingenuo pensar que la reelección es solo un premio al buen desempeño: allí donde un presidente decide hacer carrera por un siguiente período consecutivo comienza con ventaja. En Bolivia, el principal candidato opositor ha denunciado que, mientras que los partidos únicamente pueden hacer publicidad electoral un mes antes a las elecciones, Morales ha podido usar durante sus años en el cargo millones de dólares de fondos públicos en propaganda a lo largo del país. Propaganda, agregaríamos, que en algunos casos parece eficiente: a dos meses de las elecciones, decidió convenientemente decretar un nuevo aguinaldo que recibirán alrededor de 800 mil personas mayores de 60 años.

Seamos realistas. No podemos tener ninguna seguridad de que estas personas solo quieran un poco más de poder, pero planeen a la larga dejar sus tronos. A Chávez solo lo paró la muerte. Y para cuando esto sucedió, Venezuela era ya su chacra, al punto de que en la práctica se la terminó entregando a Nicolás Maduro cual herencia. El poder absoluto, al fin y al cabo, corrompe no solo a quien lo ostenta, sino a todo lo que toca.