Editorial: Un tuerto en la COP 20

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20), que se realizará en Lima en los próximos días, busca dejar todo listo para que el próximo año se pueda suscribir en París un acuerdo global sobre el medio ambiente. Aquí, nuestro país tiene el gran reto de presentar una postura que concilie la crucial protección del medio ambiente con la promoción de la inversión en los sectores productivos que, después de todo, nos han permitido crecer y crear miles de puestos de trabajo en los últimos años. 

Es precisamente por lo anterior que preocupa que al sector privado no se le haya permitido una participación más activa en las reuniones preparatorias para la COP 20. Después de todo, la experiencia y conocimiento específico de los privados hace que sus opiniones y sugerencias sean especialmente valiosas para conseguir proteger el ambiente sin trabar innecesariamente el desarrollo económico del país. 

La importancia de escuchar a los privados para tomar mejores decisiones tanto para el ambiente como para atraer inversiones es una lección que ya debería haber aprendido el gobierno. Recordemos, por ejemplo, que cuando se elaboró la norma de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) la coordinación con el sector privado fue muy limitada. ¿El resultado? Los parámetros se impusieron de manera unilateral y transversal para todos los sectores, sin tomar en cuenta cuáles eran las opciones más razonables y dejando de lado que este tipo de cambio de reglas debería ser gradual. Los ECA resultaron siendo demasiado exigentes, al punto que ponían en riesgo la viabilidad financiera de muchas empresas. El gobierno, finalmente, reconoció las limitaciones de la norma y pudo modificarla encontrando una alternativa que protegiera al ambiente sin perjudicar innecesariamente a las inversiones. Todo esto se hubiera podido evitar si, desde el principio, hubiera existido un diálogo abierto y transparente entre el sector público y privado.

Lo mismo sucedió cuando se cambiaron los lineamientos de sanciones del Organismo de Evaluación Fiscal Ambiental (OEFA). Nuevamente, se creó un sistema fiscalizador con un enfoque excesivamente complejo y que permitía que se elevasen sustancialmente las multas. En realidad, el verdadero enfoque del OEFA siempre debió haber sido el de actuar más como un facilitador para incrementar el cumplimiento ambiental de las empresas sin arriesgar por ello que estas quiebren y afecten así el crecimiento y el empleo en el país. Tan mal fueron diseñadas estas políticas, que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas tuvieron que intervenir y llegar a un acuerdo que implicaba bajar las multas por un período de tres años, para así brindar a los inversionistas las facilidades de adoptar medidas correctivas.

El problema que los anteriores casos ilustran no es solo que, cuando falta el diálogo, se corre el riesgo de que se promulguen regulaciones inadecuadas, gastando tiempo y dinero del Estado por gusto. El problema también es que luego el Estado tiene que retroceder, lo que lamentablemente mella su legitimidad.

Esto es precisamente lo que podría pasar con los compromisos que asumiríamos en la COP 20. Si bien no son vinculantes, lo cierto es que es importante que no nos pongamos metas que luego sean una camisa de fuerza que afecte irrazonablemente la actividad privada y de la que sea difícil zafarnos.

Por supuesto, el diálogo con los privados del que hablamos no es exclusivo para temas ambientales. En general, cada vez que el Estado busque hacer reformas o establecer nuevas regulaciones es importante que le dé un espacio a todos los interesados para poder discutir, dando sus argumentos a favor o en contra y también compartiendo sus sugerencias. Solo así podrán, por otro lado, tomarse decisiones analizando, realmente, cuáles son todos los costos y beneficios de las normas en cuestión y llegar a un consenso que beneficie a la sociedad. 

El Estado, en fin, tiene que mirar los problemas sociales con dos ojos, el público y el privado. Y, lamentablemente, en el tema ambiental el gobierno a veces prefiere hacerse el tuerto.