Editorial: Tuna naranja

Las dudas en torno a los estudios de la congresista Yesenia Ponce no son nuevas. En octubre del año pasado, ella fue denunciada ante la Comisión de Ética del Congreso por, presuntamente, haber mentido al respecto en su hoja de vida. Allí, ella había declarado que cursó cuarto y quinto de secundaria en el colegio Luis Fabio Xammar, en Huacho; pero luego afirmó que lo había hecho en Lima, en el colegio Niño de Belén de Villa María del Triunfo, durante los años 1995 y 1996. Los investigadores del Congreso y del Ministerio de Educación, sin embargo, detectaron que en aquellos años, el colegio en cuestión no tenía licencia para enseñar el nivel de secundaria.

Aun así, la Comisión de Ética decidió, por mayoría, archivar la investigación. Pero ahora un informe periodístico del programa “Cuarto poder” la ha vuelto a poner sobre el tapete a partir del testimonio de un ex colaborador de su despacho que ha mostrado el voucher bancario de un sospechoso pago de S/10 mil a favor de Daniel Soto Rivera, quien como director del colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga, y en una nueva y tercera versión de los hechos, había afirmado que la parlamentaria estudió 4° y 5° de secundaria en su plantel.

Ante la gravedad de la denuncia, distintos integrantes de la bancada fujimorista han anunciado que le pedirán a la legisladora explicaciones al respecto. Pero ya que están en ello, podrían aprovechar para escudriñar también a fondo la veracidad de los cartones académicos de otros de sus compañeros de equipo parlamentario.

Ahí está, por ejemplo, el caso del congresista por Puno Moisés Mamani, quien en su hoja de vida informó que había cursado su 3°, 4° y 5° de secundaria en la escuela San Alejandro de Arequipa entre los años 1994 y 1996… pero resultó que las actas de esa institución educativa, revisadas por el diario “La República”, no consignan su nombre. Entrevistado luego, además, Mamani fue incapaz de mencionar el año en que culminó sus estudios y el nombre del colegio donde supuestamente lo hizo.

No menos llamativa es la historia de la parlamentaria Maritza García, a la que la Universidad Nacional de Piura (UNP) decidió anularle el título de abogada, porque el certificado escolar que presentó para ingresar era falso. García indicó en su hoja de vida que había cursado 4° y 5° de secundaria entre los años 1985 y 1986 en el colegio San Marcos, pero un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UNP la desmintió.

Cabe recordar también los casos de las legisladoras Betty Ananculi y Esther Saavedra, representantes por Ica y San Martín, respectivamente. A la parlamentaria por Ica, la primera fiscalía provincial penal corporativa de esa ciudad le abrió en junio del 2016 una investigación preliminar por, presuntamente, haber mentido en su hoja de vida. En la que presentó para postular al Congreso en el 2016, afirmó haber estudiado sus seis años de primaria en la I.E. Consuelo Añaños. Pero cuando postuló al Congreso en el 2011, declaró que había estudiado primaria en el colegio Calle Callao. Como es obvio, en algún punto mintió.

En lo que concierne a la legisladora Saavedra, según información del JNE y de “La República”, existen incongruencias en los certificados de estudio de 4° y 5° de primaria que consignó en su hoja de vida. “La República” dio cuenta de que el director de la UGEL Moyobamba, Elías Ocampo, confirmó que no hay certificado que demuestre los estudios de 4° de primaria de Saavedra en la Institución Educativa 00497, en la localidad de Atumplaya, en 1977.

En suma, pues, un número de congresistas suficiente como para armar una tuna, pero no necesariamente estudiantil. Y todos, irónicamente, pertenecientes a una bancada que se dispone a definir si pide o no la censura de la ministra de Educación.

Esperemos, en cualquier caso, que antes de hacerlo resuelvan este turbio asunto, porque, si bien no haber terminado el colegio no es en nuestro país un impedimento para convertirse en parlamentario ni una infracción legal, mentir al respecto, sí.