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“La luz del sol es el mejor desinfectante”. Esta es una famosa cita atribuida a Louis Brandeis, juez asociado de la Corte Suprema de EE.UU. En un contexto de transparencia pública y el potencial infeccioso de la enfermedad que nos asola, su implicancia es doble. El Gobierno difícilmente puede combatir de manera efectiva el avance del nuevo coronavirus si el acceso a información es limitado, como hasta la fecha ha sido el caso.
Desde estas páginas hemos reconocido más de una vez la rápida reacción que tuvo el Ejecutivo al tomar medidas drásticas antes de que los casos se multiplicasen a escalas inmanejables para el débil sistema de salud peruano. Podría ser solo cuestión de días antes de llegar a esa situación de cualquier modo, pero sin duda la veloz declaratoria del estado de emergencia le dio al al país tiempo valioso. Eso merece ser reconocido.
Ello no exime al Gobierno, sin embargo, de proveer información oportuna a la opinión pública. La proactividad no reemplaza a la transparencia. De hecho, la primera sin la segunda es, en ocasiones, peligrosa.
Las instancias en que la administración pública se ha mostrado incapaz de cumplir estándares mínimos de acceso a la información en situación de emergencia son diversas. En este Diario, por ejemplo, hemos intentado –sin éxito– conseguir información respecto de la operatividad real y ubicación exacta de las unidades de cuidado intensivo (UCI) disponibles. De acuerdo con el presidente Martín Vizcarra, las camas UCI con ventiladores mecánicos pasaron de 100 a 504 en un mes, y se espera llegar a mil a fines de abril. Según el Ministerio de Salud, el número de camas UCI es ya de 600. Ante la escasez de estos equipos en el hospital de la Policía Nacional, en el antiguo hospital de Ate y en el nuevo, en el Hospital Amazónico de Yarinacocha (Pucallpa) y en el hospital Guillermo Almenara, según ha reportado este propio Diario, es justo cuestionarse dónde están, exactamente, las referidas camas UCI. La pregunta no ha sido hasta hoy respondida. Mientras tanto, las colas a las afueras de los centros médicos siguen creciendo y enfermos graves, como el excongresista Glider Ushñahua, fallecen a causa de deficiencias en la atención.
Contrario a su objetivo manifiesto, la estructura de las apariciones televisadas del presidente y parte de su Gabinete Ministerial tampoco contribuye al clima de transparencia. Como ya hemos dicho desde esta página, la imposibilidad de la prensa de hacer preguntas y repreguntas en vivo –sea en persona cumpliendo las medidas de distanciamiento o de manera virtual– proyecta una sombra de duda a lo largo de todo el esfuerzo. A su vez, la información diaria sobre pruebas, contagios, muertes y otros indicadores relacionados al COVID-19, publicados por la página web del Ministerio de Salud, ha ido perdiendo profundidad en vez de ganándola.
En medio de una crisis sanitaria y económica, lo último que necesita el Gobierno es agregar una crisis de credibilidad. Según las últimas encuestas, su aprobación es alta en estas semanas, pero la fama es efímera, más aún en un contexto tan difícil como el actual. Si el Ejecutivo realmente busca el apoyo de todos los sectores en esta batalla, como ha manifestado en repetidas ocasiones, tiene que estar dispuesto a compartir información sobre el real estado de las cosas, por más que los indicadores por publicar no sean positivos u optimistas. La ciudadanía tiene derecho a saber. De lo contrario, con información oculta o al servicio únicamente del burócrata de turno, no se puede rendir cuentas ni enmendar el rumbo cuando así se requiera. En ese camino, las suspicacias –bien o mal intencionadas– irán erosionando la fuerza del presidente y su equipo cuando sus dichos no puedan ser contrastados. El juez Brandeis, decíamos, tiene razón por partida doble en este caso.
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