Editorial: La vergüenza en huelga

Todos queremos que el personal del sector Salud goce de las condiciones de trabajo más justas posibles. Eso está fuera de discusión. Pero quien quiera defender el paro indefinido que iniciaron dichos trabajadores esta semana la tiene realmente difícil. Y es que los reclamos de estos señores resultan tan insostenibles –tanto por la forma como por el fondo de lo planteado– que diese la impresión de que lo que realmente se declaró en huelga estos días fue la vergüenza.

Para empezar, bien saben el gremio médico y la federación de trabajadores del sector que la ley establece que cuando una huelga afecta servicios públicos esenciales como los que ellos prestan se debe disponer la permanencia del personal necesario para garantizar la continuidad de dichos servicios. No obstante, ambas agrupaciones prefirieron simplemente obviar la presentación de la relación de trabajadores que se encargarían de esta imprescindible labor. Es decir, optaron por poner en riesgo las vidas de los peruanos y usarlas como mecanismo de chantaje para presionar al Gobierno. Algo que, además, dice mucho de cuánto significa realmente para ellos la salud de sus pacientes.

Por otro lado, es importante notar que los reclamos del personal de salud se centran en materia salarial. Las controversias en torno a esta materia fueron zanjadas en el acuerdo que ellos firmaron el año pasado y que se comprometieron a respetar hasta el 2015, momento en el cual se abrirá legalmente la posibilidad de que se discutan nuevamente sus beneficios pecuniarios. Y, así como su empleador está obligado a respetar los sueldos que se comprometió a pagarles mientras esté vigente el convenio, los trabajadores del sector Salud tienen también la obligación de respetar este último hasta su vencimiento.

¿Es que acaso la palabra empeñada no vale nada para estos señores? ¿O es que ellos creen que los acuerdos se cumplen solo mientras les convengan, mientras les provoque o mientras no tengan la fuerza para obligar a su contraparte a cambiarlos? Lo cierto es que los trabajadores buscan conseguir hoy en las calles lo que en el 2013 no lograron obtener en la mesa de negociación. Y no tienen empacho alguno en arriesgar la salud pública para lograrlo.

Lo más increíble en todo este asunto resulta ser el fondo del reclamo del personal del sector. Ellos piden una nueva escala remunerativa, cuatro sueldos adicionales (por Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, escolaridad y cumpleaños) y un bono por cierre de pliego, entre otros beneficios. Es decir, exigen que sus remuneraciones no estén sujetas a criterios de productividad y buena atención a los pacientes, sino que dependan de factores que no tienen nada que ver con la meritocracia. Como evidencia de manera literal su pedido ‘cumpleañero’, ellos creen que deben ganar más por el simple hecho de existir. 

Si, por lo menos, los trabajadores del sector Salud estuviesen tratando de negociar una mejora de condiciones para aquellos que demuestren objetivamente brindar una mejor atención al público, sería posible al menos simpatizar con su pedido. Pero, tal como está planteado su reclamo, acceder al mismo solo significaría obligar a los contribuyentes a pagar más por el mismo servicio, el cual en muchas ocasiones deja bastante que desear.

El Gobierno ha sido enfático en denunciar que la huelga es injustificada. Esperemos que mantenga esta posición y no cometa el error de ceder a los chantajes de los huelguistas, pues esa no sería más que una forma de premiar a quienes no les importa garantizar los servicios básicos de salud, no respetan los acuerdos que firman y pretenden que se imponga un sistema antimeritocrático. Y, si finalmente el Gobierno cediese, que no se queje si al paro actual le siguen después paros de todos los otros sectores. Después de todo, si deja que le tuerzan la mano, el Ejecutivo confirmaría que, en el Perú, los aumentos salariales no los consiguen quienes más lo merecen sino quienes más fuerte reclaman. Ojalá, en fin, que no veamos en las próximas semanas un adelanto de lo que podría ser la época electoral, tiempo en el que el Gobierno, en búsqueda de preciados votos, suele ceder a la presión populista de contentar a los gremios a costa del bienestar del resto de ciudadanos.