Editorial: Votar y rebotar

Si nada imprevisto ocurre, el Congreso votará hoy una moción de reconsideración sobre su decisión del jueves pasado de no sancionar al legislador Wilder Ruiz, como había recomendado la Comisión de Ética. El integrante de la bancada de Dignidad y Democracia, como se sabe, despidió el año pasado a una auxiliar de su despacho que estaba encinta. Y lo que supuestamente definió las posiciones a favor o en contra de la suspensión por 120 días que se había pedido para él fue la opinión de cada parlamentario sobre si estaba enterado o no del estado de la trabajadora a la hora de comunicarle que había sido cesada.

Los detalles de la discusión en el pleno no se conocen, porque la sesión fue secreta. Pero según información divulgada por el congresista Héctor Becerril, el resultado de la votación con respecto a la sanción fue 43 en contra, 38 a favor y 6 abstenciones.

Casi de inmediato, sin embargo, se produjo en el Legislativo una tormenta de acusaciones entre quienes votaron en un sentido o en el otro. La discusión –si cabe llamarla así– se centró sobre todo en si los votos que libraron a Ruiz de la sanción constituían una “complicidad con la violación de los derechos de una mujer embarazada”. Una imputación que, con prescindencia de la verdad que encierre, resulta siempre difícil de manejar para cualquier representante político que aspire a ser reelegido, como casi todos en el Congreso. 

Fue en ese contexto que la bancada nacionalista, que estuvo dividida a la hora de la votación, presentó la moción de reconsideración que debe ventilarse hoy, con altas probabilidades de ser aprobada. Esto porque el fujimorismo, el nacionalismo y otras bancadas menores han adelantado que la respaldarán, lo que –con un poco de suerte– les permitiría sumar los 66 votos necesarios.

No obstante, una cosa es que la reconsideración sea aprobada y otra que su resultado acabe siendo distinto al de la sesión del jueves pasado, pues una mayoría de los legisladores bien podría insistir en el sentido original de su voto y dejar las cosas como están.

Pero, claro, también podría ocurrir lo contrario y eso sí sería inquietante, porque querría decir que, o bien en la primera votación o bien en la segunda, un grupo importante de parlamentarios votó erráticamente o dejándose influir por asuntos que nada tenían que ver con la materia en debate.

En ese caso, no sería esta ciertamente la primera vez que una mayoría de la representación nacional cambia de parecer en muy poco tiempo. Recordemos, por ejemplo, lo ocurrido con la llamada ‘ley pulpín’ a principios de año, cuando, un mes y medio después de haberse aprobado la creación del régimen laboral juvenil, este fue derogado tras una nueva votación en la que 42 legisladores mudaron de opinión. Y aunque muchos negaron que el cambio respondiera a un cálculo político, el impacto que las manifestaciones en las calles tuvieron en ellos fue evidente.

Algo similar ocurrió en el 2013 tras el pacto entre bancadas que produjo la denominada repartija de puestos en el Tribunal Constitucional, el directorio del Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo. Aunque en aquella oportunidad no hubo exactamente una reconsideración, la indignación ciudadana llevó a que nuestros legisladores anulasen la primera votación. Y si bien en esa ocasión ello condujo a la larga a un mejor resultado, no puede dejar de notarse la forma en que tantos legisladores, como en el caso de la ‘ley pulpín’, actuaron intimidados por la pérdida de popularidad antes que por el dictado de su buen juicio.

En lo que concierne al fondo del asunto a ser reconsiderado hoy, no es posible pronunciarnos, pues los elementos de juicio para sancionar o exculpar al congresista Ruiz fueron expuestos en una sesión secreta. Pero las circunstancias que parecen haber precipitado que se abra la posibilidad de votarlo otra vez son preocupantes. Si bien hablamos de un recurso legítimo –sobre todo en un ordenamiento constitucional en el que no existen dos cámaras–, el cambio del sentido de un voto debería ser consecuencia de la aparición de nuevos criterios y no del modo en que la votación original rebota en las calles o un sector de la opinión pública.

Una decisión contraria a la que se tomó una semana atrás hablaría de una posición frívola e irreflexiva que se adoptó antes o se estaría adoptando ahora. Y esa no puede ser una actuación aceptable de parte de quien pidió nuestro respaldo en las ánforas ofreciendo responsabilidad y liderazgo.