Ayer, en horas de la madrugada, el Ministerio Público realizó una operación simultánea de allanamiento e incautación en Lima y Moquegua, en el contexto de la investigación que se sigue al expresidente Martín Vizcarra, al exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Edmer Trujillo y otros, por el Caso Los Intocables de la Corrupción. Se intervinieron, concretamente, las viviendas de los mencionados personajes en la capital y en la región señalada.
La imputación fiscal que los concierne, como se recuerda, presume la pasada existencia de una organización criminal encabezada por el exmandatario y gestada en el 2014, cuando él era gobernante regional de Moquegua. Una vez en la Presidencia de la República, sostiene la fiscalía, esa organización se habría encargado de copar con la llamada “muralla moqueguana” el MTC –y, más específicamente, la unidad ejecutora Provías Descentralizado– donde se habrían perpetrado hechos ilícitos en tres proyectos (Tintas, Pampas y Samegua) por montos que superan los S/200 millones.
Producido el allanamiento en su casa, el exgobernante colgó un mensaje en sus redes sociales en el que decía: “Soy el primer interesado en colaborar con la justicia, por eso solicité voluntariamente al MP [Ministerio Público] la inspección de mi domicilio”. Y añadió: “¡Se predica con el ejemplo!”. No pasó mucho tiempo, sin embargo, antes de que la fiscalía lo desmintiera por la misma vía. “Las diligencias de allanamientos se han ejecutado en mérito al requerimiento efectuado por el Ministerio Público y autorizado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de la República”, decía, entre otras cosas, un primer comunicado de la institución, al que siguió otro en el que revelaban que el exjefe del Estado había solicitado cambiarse la ropa de dormir, lo que sugiere a las claras que la intervención fue para él sorpresiva.
Las falsedades, de cualquier forma, no son una novedad en el discurso del expresidente. Todos tenemos presentes las mendacidades que dijo cuando se descubrió que se había vacunado contra el COVID-19 –y que había hecho vacunar también a su esposa y su hermano– irregularmente, aprovechando las prerrogativas de su cargo. Todos lo hemos escuchado también coordinar con la gente que laboraba en el despacho presidencial a fin de “cuadrar” versiones alejadas de la realidad a propósito de citas y visitas que había recibido poco tiempo antes. La particularidad de su forma de mentir es que, aun cuando es colocado frente a la evidencia de que las cosas no son como él afirma, continúa sosteniendo lo indefendible.
El clima, no obstante, está cambiando para él. No solo en el caso que ha motivado los allanamientos de ayer (en el que los testimonios de colaboradores eficaces y testigos protegidos han complicado severamente su situación), sino también en el caso relativo a las contrataciones que beneficiaron mientras él era presidente a Richard Cisneros, conocido artísticamente como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura. Decimos esto porque el pleno del Congreso aprobó el último jueves acusar al exmandatario penalmente con relación a este caso, por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible, obstrucción a la justicia y peculado doloso. Elocuentemente, la decisión se tomó con 84 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Con esa decisión, el Ministerio Público puede avanzar a la etapa de investigación preparatoria.
No son días fáciles los que esperan a Vizcarra en el futuro cercano. Su defensa tendrá que batirse para demostrar la inocencia que él alega en todos los procesos que tiene abiertos. Y tendrá que hacerlo sin faltar a la verdad. La gran pregunta, por supuesto, es si contará con la colaboración del expresidente en ese esfuerzo. Es decir, si ha ensayado él su última falsedad a raíz de lo ocurrido ayer, o si seguirá propagando bulos como aquellos a los que nos ha tenido acostumbrados hasta ahora. O, en otras palabras, si continuará siendo mentiroso hasta el final.