La hora de la bicameralidad

Esta semana, 93 congresistas aprobaron la reforma constitucional que permitiría el retorno a la bicameralidad y la restitución de la reelección inmediata de parlamentarios. La propuesta salió adelante a la tercera –en julio del año pasado y en junio de este, recordemos, se había votado sin éxito– y todavía necesita ser aprobada por más de 87 parlamentarios en la siguiente legislatura para que pueda implementarse con miras a las próximas elecciones generales.

La reforma en cuestión propone que el Legislativo se desglose en dos: una Cámara Baja con 130 diputados como mínimo, y una Cámara Alta con 60 senadores también como mínimo (la cantidad final debería definirse mediante ley orgánica, tomando en consideración el crecimiento poblacional). Los primeros serán elegidos tal y como ocurre hoy con los congresistas, mientras que los segundos se escogerán de la siguiente manera: uno por cada distrito electoral (26 en total), y el resto por distrito único nacional (como se elige hoy al presidente, por ejemplo).

Desde este Diario llevamos años pronunciándonos a favor de la restitución de un Legislativo con dos cámaras. El argumento es simple, pero no por ello trivial: contar con una segunda instancia de revisión de la producción legislativa podría ayudar a cribar las buenas iniciativas de las que no lo son. Además, el trámite forzosamente largo por el nuevo diseño institucional permitiría morigerar las pasiones políticas que podrían haber impulsado en un inicio un determinado proyecto de ley. El caso más famoso de esto que decimos es el que atañe a la estatización de la banca, una propuesta impulsada por Alan García durante su primer gobierno, que fue aprobada el mismo día en que se presentó por la Cámara Baja, pero que, tiempo después y ya con los ánimos atemperados, el Senado terminó por desestimarla.

De igual manera, un mayor plazo para la aprobación de una norma daría tiempo a la ciudadanía para conocerla con mayor profundidad, y a los expertos y los medios de comunicación, para poder difundir los impactos que podría tener. Tampoco se debe subestimar la importancia de que el Senado sea el encargado –como estipula la reforma aprobada– de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor del Pueblo y al contralor general de la República, y de definir los pedidos de suspensión o inhabilitación para la función pública de los altos funcionarios.

Finalmente, dentro de los cambios que comentamos en este editorial (pues los detalles de esta reforma son demasiados como para abordarlos en este espacio), es saludable que se permita a los candidatos a la presidencia postular en simultáneo a las Cámaras Baja o Alta. Ello evitaría que, como ocurre muchas veces hoy, el compromiso de los candidatos a la jefatura del Estado con el partido político al que representan se esfume el día siguiente a la elección.

Entre quienes se oponen a la restitución del Senado se dice, y con razón, que esta posibilidad fue rechazada por el 90% de peruanos en el referéndum del 2018. Sin embargo, aquella vez, no está de más recordarlo, lo que se rechazó no fue la bicameralidad como concepto, sino una propuesta específica en la que, de contrabando, el Parlamento de entonces insertó cambios a la cuestión de confianza que afectaban el balance entre poderes. Y los sondeos que distintas encuestadoras realizaron en los meses previos –en los que el apoyo al sistema legislativo bicameral era mayoritario– así lo sugieren.

En todo caso, les corresponde a los actuales representantes explicarles a los ciudadanos por qué un Congreso bicameral sería beneficioso para todos. Ese trabajo de persuasión no puede soslayarse, como tampoco el que compete a las ventajas de permitir la reelección de los parlamentarios.

Aunque impopular, se trata de dos reformas importantes para mejorar la calidad de la representación y de nuestra democracia. Pero que de ninguna manera son las únicas que el Perú necesita. Ojalá que el ánimo reformista de los legisladores no se agote solo en estas.