Dinamitando la formalización

Dentro del ecosistema criminal peruano, uno de los delitos más lucrativos, incluso por encima del narcotráfico, es el de la minería ilegal. Según el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Gobitz, esta actividad mueve alrededor de US$4 mil millones al año y, como explicaba ayer nuestro columnista Carlos Basombrío, involucra la economía de no menos de un millón de personas en nuestro país. Todo ello, sin embargo, a un costo altísimo.

No basta con circunscribirnos a la depredación ambiental que genera, especialmente en la selva, sino a toda la telaraña delincuencial que alimenta, desde la trata de personas hasta la explotación laboral infantil, el sicariato y el asesinato de líderes medioambientales que les hacen frente. La magnitud de dinero que genera convierte sus sedes en botines preciados por bandas criminales y, cómo no, en fuente de financiamiento ilegal para la política.

Toda esta reflexión viene a cuento porque el miércoles, poco después de las 9 de la noche, el Congreso aprobó un proyecto de ley que pone trabas a los tibios intentos para luchar contra la minería ilegal. La iniciativa –que salió adelante con casi 80 votos y que fue exonerada inmediatamente del requisito de una segunda votación con la misma cantidad de endoses– deroga una disposición complementaria del Decreto Legislativo 1607, promulgado por el Ejecutivo en diciembre en el marco de las facultades que recibió para legislar en materia de seguridad ciudadana, que facultaba a la policía a actuar en casos de tenencia ilegal de explosivos contra las personas acogidas al proceso de formalización minera que tuviesen su inscripción suspendida en el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera). La disposición derogada, además, les daba 90 días a los inscritos en el Reinfo que vinieran explotando una concesión minera para que presenten el contrato requerido para llevar a cabo esa actividad y, finalmente, les otorgaba el mismo plazo a todos aquellos que tuvieran su inscripción suspendida en el mentado registro para que enmienden su situación.

Hay que entender, además, que quienes se encuentran con su inscripción suspendida en el Reinfo son la mayoría (el 79% de los 87.146 inscritos), pero ello no pareció importarle mucho al Congreso y especialmente a las nueve bancadas (Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, el Bloque Magisterial, Avanza País, Acción Popular, Perú Bicentenario y Somos Perú) que promovieron que la cuestionable norma fuera votada a mitad de semana.

Dentro de quienes defendieron la derogación, se encuentra el titular de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), que aseguró que la medida dispuesta por el Gobierno era “inconveniente para atender la compleja problemática de formalizar la pequeña minería y la minería artesanal”. Aquello de “compleja problemática”, vale decir, es un lugar común que repiten quienes suelen atacar cualquier intento de cerrar el paso a actividades que lindan con la ilegalidad o que bucean abiertamente en ella.

Por lo pronto, la norma ha recibido el rechazo de los principales gremios empresariales del país que han instado al Gobierno a observarla. Uno de ellos, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), ha recordado además que el Reinfo se ha convertido desde hace años en un escondite para los mineros ilegales que se inscriben allí para hacer creer que buscan formalizarse, pero que nunca toman las medidas reales para concretarlo.

No es la primera vez, por último, que esta representación nacional aprueba una ley que favorece a los mineros ilegales. Recordemos que a mediados del año pasado aprobaron, pese a las observaciones del Ejecutivo, una iniciativa para que ya no se destruyera la maquinaria incautada a los campamentos mineros ilegales, sino que esta sea asignada a los gobiernos locales y regionales de la zona.

Así pues, el Congreso se ha convertido en el principal aliado para la minera ilegal en el país y lo que vimos el miércoles fue el sabotaje de uno de los pocos esfuerzos para hacerle frente.