Editorial El Comercio

Hace unas semanas, la Comisión de Economía aprobó un proyecto de ley que ha pasado relativamente desapercibido. No debería ser así, pues, según un informe de Apoyo Consultoría , de aprobarse, tendría un impacto en la recaudación fiscal de más de S/1.500 millones al año (el 0,2% del PBI). Esto, dicho sea de paso, en momentos en los que la situación fiscal del país ha comenzado a generar preocupaciones después de bastante tiempo. Pero comencemos revisando el contenido de la propuesta antes de explicar por qué es, además de perniciosa, inoportuna.

Como se sabe, desde el 2017, en el Perú, los trabajadores de cuarta y quinta categoría pueden deducir hasta tres UIT (más de S/15.000) anuales del monto que pagan por concepto de por gastos en restaurantes, bares, hoteles, alquiler de inmuebles, aportaciones a Essalud de los trabajadores del hogar, entre otros. Ahora, la iniciativa de la legisladora (Fuerza Popular) busca extender este beneficio para incluir : gastos en educación, salud, pago de intereses por créditos hipotecarios, alimentos, pensión de alimentos, pasajes aéreos o terrestres y servicios veterinarios. Una lista que, por cierto, nadie asegura que no seguirá incrementándose en los próximos años.

¿Cuál es la justificación para extender esta prerrogativa a expensas de nuestra caja fiscal? Pues, a decir de la congresista Barbarán, que fomentará la formalización. Esto, pese a que ella misma ha admitido que generará un impacto en la recaudación. “Habrá un impacto [en los ingresos fiscales], pero ello se recuperará en el mediano plazo con la mayor formalización, al impulsar el pedir comprobantes de pago”, ha dicho. Un argumento que, sin embargo, no parece convincente.

Tal y como sostiene Apoyo Consultoría, la mayoría de los rubros incluidos en el proyecto de ley ya son formales en gran parte (¿alguien se imagina comprando, por ejemplo, pasajes aéreos de manera informal?). Peor aún, las personas que más gastan en estas categorías suelen ser las que más ganan, por lo que la norma terminará beneficiando principalmente a los que más perciben y, por consiguiente, a los que menos necesitan de estas ayudas.

Por otro lado, sería interesante saber cuál ha sido el impacto de las ya mencionadas deducciones que se aprobaron hace unos años para gastos en bares, hoteles, restaurantes y otros. ¿Han permitido acelerar la formalización, tal y como prometían? Y, si lo han hecho, ¿a qué costo para el fisco? Pues el proyecto, que quiere ampliar las deducciones, no se preocupa tan siquiera en evaluar en primer lugar el rendimiento de las que ya existen.

Asimismo, la propuesta disminuiría la recaudación tributaria en nuestro país. Ya hemos mencionado que tendría un impacto de más de S/1.500 millones al año. Pero a esto habría que añadirle el momento en el que se aprobaría. Como recordamos, en el 2023 el Perú incumplió por primera vez en 22 años la regla fiscal, pese a las maniobras del entonces ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras adelantando el pago de utilidades del Banco de la Nación. Y se espera que este año . La regla fiscal no es una exquisitez ni existe porque sí: sirve, en buena cuenta, para que las calificadoras de riesgo puedan conocer la salud de nuestras finanzas y tiene un impacto en el costo de endeudamiento de nuestro país.

Lo más grave del asunto, sin embargo, es que no es esta la primera vez que el Congreso busca atentar contra la salud de las finanzas públicas. A finales de abril, el Instituto Peruano de Economía (IPE) calculaba que el costo fiscal de las leyes aprobadas en los últimos cuatro años , pese a que, en teoría y hasta donde todos sabemos, los parlamentarios no tendrían por qué interferir en un asunto que no está entre sus competencias.

Sería bueno que el Congreso se abstenga de seguir promoviendo leyes que afectan la sostenibilidad fiscal del país. Ahora que está en marcha la carrera por la Mesa Directiva, es un buen momento para escuchar lo que los postulantes tendrán que decir al respecto.

Editorial de El Comercio

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