Editorial El Comercio

Paola Lazarte ya no es ministra de Transportes y Comunicaciones, pero las secuelas de su gestión no han terminado de alcanzarnos. En un informe publicado , dimos a conocer que, al dejar ella el despacho, ya se encontraba listo un proyecto de resolución ministerial que busca definir más de 190 rutas por ser autorizadas para los taxis colectivos en el norte del país. Cabe precisar que, en teoría, estaríamos hablando de tramos de recorrido independientes entre sí, pero que, al estar conectados en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín y Cajamarca, permitirían a esos vehículos hacer viajes de más de 800 kilómetros en total, que discurrirían en muchos casos por la Panamericana Norte.

El problema, de acuerdo con para la nota, es que, de ser oficializada, la medida pondría en peligro a los pasajeros que tomasen el servicio; sobre todo, porque las unidades que lo prestarían son catalogadas como de categoría M1 y M2. La primera de ellas comprende autos sedán, ticos y minivanes, a todas luces muy frágiles para el transporte en carretera. Y la segunda, ‘combis’ o vans de hasta 20 pasajeros (autorizadas hasta ahora solo para zonas rurales), que invadirían las rutas de los buses interprovinciales de las empresas formales.

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, ha señalado que no es posible controlar electrónicamente la velocidad de los automóviles livianos, por lo que estos pueden ir a 120 o 130 kilómetros por hora, congestionando la red vial nacional y exponiendo la vida de sus ocupantes. A lo que Alfonso Flórez, gerente general de la fundación Transitemos, añade: “En un siniestro de estos vehículos, la mortalidad va a ser muy alta”. Las unidades comprendidas en la categoría M1, además, no cuentan con barra estabilizadora, no tienen frenos antibloqueo y solo el asiento del chofer tiene una bolsa de aire instalada.

Los M2 competirán deslealmente con empresas que durante años han invertido en tener flotas y conductores capacitados, así como en la obtención de permisos y certificaciones internacionales, con la previsible consecuencia del cierre de muchas de ellas. Se calcula que cada año el transporte formal deja de trasladar a 15 millones de pasajeros a causa de este tipo de competencia.

Un detalle adicional es que estos tipos de automóviles no cuentan necesariamente con un GPS que, en la eventualidad de que existiera una autoridad de transporte dedicada a la zona norte del país, sería lo que permitiría fiscalizar si están cumpliendo con la ruta asignada o se escurren hacia los tramos donde hay mayor demanda. No olvidemos que a finales de julio un bus se salió de la pista justo en el norte del país –concretamente en Piura– y terminó causando cuando transitaba por una ruta que no se encontraba estipulada en .

Vale la pena recordar en este punto que los taxis colectivos fueron formalizados por el anterior Congreso y que, al no tener paraderos formales, han tenido con frecuencia la complicidad de policías que los dejan operar con lugares de recojo informales a cambio de coimas. El acceso al poder de quienes manejan estas empresas, no obstante, se refleja también en las visitas que los representantes de sus federaciones hacen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Según el portal de Transparencia, fueron por lo menos 24 durante la gestión de Lazarte: una cifra que contrasta con la nula atención que merecieron de la exministra los constantes pedidos de reunión que los gremios formales aseguran haberle dirigido.

Estamos, pues, en la antesala de la puesta en vigor de una disposición peligrosa y negativa. Con la ligereza de un cobrador de ‘micro’ que hace subir a la unidad más pasajeros de los que debería y le grita al chofer: “¡Lleva!”, el MTC se dispone a autorizar una práctica que echará por tierra lo poco que se había avanzado en la formalización y la elevación de los estándares de seguridad del transporte interprovincial en nuestro país. Por eso, levantamos nuestra voz de protesta y advertencia.

Editorial de El Comercio