Abrirse a los consejos

Dos días atrás, el Consejo Fiscal anunció mediante un comunicado que había designado a Alonso Segura como su nuevo presidente e informó que desde el 1 de junio el economista Javier Escobal se había incorporado a la entidad en reemplazo de Carlos Oliva. En la publicación, además, el organismo recordó que la salida de este último se dio luego de que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidiera expresamente no ratificarlo en el cargo, pese a que ello le fue solicitado hasta en dos ocasiones desde setiembre del año pasado.

Como se recuerda, a finales de abril el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, explicó en una conferencia con medios de prensa que Oliva no iba a continuar en la referida entidad por un proceso de “renovación natural” (su período venció oficialmente el 31 de diciembre pasado, aunque podía ser prorrogable por otros cuatro años). Pero a nadie se le escapaba que la verdadera razón de su salida –o, mejor dicho, de su no renovación– tenía que ver con el hecho de que, bajo su presidencia, el Consejo Fiscal se había convertido en una voz incómoda para el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y sus aliados.

Recordemos que el antecesor de Arista, Alex Contreras, se enzarzó en un intercambio de palabras con Oliva a finales del año pasado luego de que el segundo cuestionara la decisión del primero de adelantar el pago de utilidades del Banco de la Nación para maquillar las cifras fiscales (un ardid que tenía como objetivo cumplir la regla fiscal del año pasado, pero que no consiguió su cometido). Y, posteriormente, Oliva afirmó que el Gobierno debía explicar las millonarias transferencias que beneficiaron al Gobierno Regional de Ayacucho –dirigido, como sabemos, por Wilfredo Oscorima, el denominado ‘wayki’ de la mandataria– que hoy en día son parte medular de la investigación que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, lleva adelante contra la jefa del Estado.

Aunque la salida de Oliva fue sin duda preocupante y una señal de hasta dónde es capaz de llegar esta administración con tal de castigar a quienes los cuestionan, es una buena noticia que haya sido reemplazado como presidente del Consejo Fiscal por Alonso Segura y, de igual manera, que el lugar que dejó en el organismo haya sido ocupado por Javier Escobal. Se trata de dos profesionales cuya solvencia técnica está demostrada y que –sumadas a las presencias de Waldo Mendoza, José Valderrama y Carolina Trivelli– permiten prever que la entidad seguirá manejándose con los estándares que ha venido exhibiendo hasta ahora.

Pero, como es evidente, estos cambios no servirán de mucho si la actitud que el Ejecutivo ha demostrado hasta el momento sobre las críticas que este organismo le formula continúa invariable. Como hemos dicho anteriormente, no solo es bueno que el Consejo Fiscal alce su voz cuando considere que alguna decisión del Gobierno está equivocada, sino que es imperativo que lo haga más aún en un país en el que el compromiso de las autoridades (no solo de las nacionales, ojo, sino también de las municipales) con las políticas fiscales deja mucho que desear. De hecho, semanas atrás el propio ministro Arista advirtió que el Perú tampoco llegaría este año a cumplir la regla fiscal del 2% del PBI, lo que podría poner en riesgo la capacidad de nuestro país para endeudarse. Y, por último, siempre está la tentación de que una administración con unos niveles de aprobación en sus mínimos históricos se vea tentada de recurrir a maniobras que puedan mellar nuestra salud fiscal.

En ese sentido, los retos que tendrá Segura como presidente del Consejo Fiscal no son poca cosa y lo deseable sería que la entidad siga manteniendo la actitud que ha mostrado hasta ahora. El que, más bien, debe cambiarla completamente es el Gobierno, que podría comenzar a abrirse a los consejos de este organismo, por el bien del país.