Silbando en la tormenta

La noción de control de daños parece serle ajena a esta administración o, por lo menos, al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. En una reciente declaración pública, él ha afirmado que todos los miembros del Gabinete “tienen la plena confianza del Gobierno” y le ha hecho al Congreso una invocación a entender que el país necesita estabilidad política y a “actuar en consecuencia de los principios de separación de poderes”. Una aparente forma de sugerirle no ir adelante con las iniciativas de censura a los titulares de Energía y Minas y Defensa que allí se alistan. Los ministros Oscar Vera y Jorge Chávez Cresta, sin embargo, se encuentran cuestionados y en problemas, e ignorar esa situación no va a hacer que esta desaparezca.

Aparte de ello, no son pocas las sombras que se ciernen sobre el nuevo responsable de la cartera de Justicia, Eduardo Arana, y el de Economía y Finanzas, Alex Contreras, tiene algunas explicaciones que dar sobre el silencio de su sector a propósito de la irregular asignación –ahora puesta en duda– de los lotes de hidrocarburos I, VI y Z-69 (todos ubicados en Talara) a Petro-Perú. Un silencio que se agrava por el hecho de que el MEF tiene dos representantes en el directorio de Perú-Petro, la entidad que originalmente concedió los referidos lotes a dedo.

Es precisamente esa misma circunstancia la que ha puesto contra las cuerdas a Oscar Vera, pues no solamente es él la cabeza del sector donde este alarmante intríngulis se ha producido, sino también porque, conocidas las mentiras que la presidenta del directorio de Perú-Petro, Isabel Tafur, dijo ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, se empecinó en presentar lo ocurrido como una acción perfectamente lícita del Gobierno.

Como se sabe, lo que la señora Tafur sostuvo frente al referido grupo de trabajo fue que las empresas privadas eventualmente interesadas en asumir los ya mencionados lotes habían hecho llegar sus cartas extemporáneamente y cuando ya las negociaciones con Petro-Perú se habían iniciado: una afirmación cuya falsedad las empresas Savia y Sapet demostraron rápidamente. Y, como si no se hubiese enterado de lo que ocurría, el ministro de Energía y Minas salió a declarar que “la decisión de que los lotes de Talara vengan a Petro-Perú es del Gobierno”. Para colmo de males, Vera es empleado con licencia de esa empresa estatal y su determinación sobre este particular plantea un claro conflicto de intereses.

La posición del ministro de Defensa, por otra parte, no es mucho mejor. El asesinato de cuatro miembros del Ejército durante una emboscada narcoterrorista en Putis (Ayacucho) y las insatisfactorias respuestas que dio al respecto al ser interpelado por la representación nacional han acercado a Chávez Cresta también a la censura y, aunque la recolección de firmas viene produciéndose de un modo más lento que en el caso anterior, la probabilidad de que la iniciativa prospere es alta.

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos al paradójico ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa. Viejo contertulio del exjuez supremo César Hinostroza (registra 36 llamadas con él entre el 2015 y el 2018), protagonista del escándalo de corrupción conocido como el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, Arana carga sobre sus hombros una sentencia en doble instancia en un proceso por alimentos y una denuncia de una antigua pareja suya por violencia familiar. Un coctel que, en circunstancias normales, haría difícilmente defendible su situación en el Gabinete.

Pero las que vivimos, al parecer, nos son circunstancias normales. Porque, en medio de esta tormenta, el presidente del Consejo de Ministros ha optado por hacer de la vista gorda y ponerse a silbar, como si dispusiera de todo el oxígeno político del mundo. Un daño descontrolado como el que le generan estos ministros al Gobierno, no obstante, podría terminar mellándolo a él también y convirtiendo el aire despreocupado que viene silbando en réquiem, por lo que habrá que permanecer atentos a la evolución de esta situación.