Borrón y cuentas viejas

Como comentábamos ayer en este Diario, la salida de Alberto Otárola de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) era necesaria pero no suficiente para la recomposición de este gobierno. Hacía falta, decíamos, que su reemplazante reuniera también ciertos atributos –no cargar sobre sus hombros la sombra de algún cuestionamiento y poseer reflejos políticos– y, por otra parte, que la coyuntura fuese aprovechada para operar también cambios en otras carteras que arrastran problemas desde hace tiempo.

Pues bien, el cambio se produjo y el resultado ha sido mixto. Es decir, se han cumplido algunos de los requerimientos que juzgábamos indispensables, pero no todos.

Quien ha jurado como nuevo titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, cumple, por ejemplo, la característica de no traer una mochila que haga más pesada la de la actual administración gubernamental, pero con respecto a sus reflejos políticos, existe una gran incógnita. Es cierto que se desempeñó tiempo atrás como ministro de Justicia y que desde febrero venía ejerciendo el cargo de representante permanente del Perú ante la OEA, pero en ninguno de esos roles le ha tocado lidiar con asuntos como los que tendrá que vérselas a partir de ahora. Negociar permanentemente con un Congreso en el que el oficialismo no tiene bancada o navegar las aguas procelosas de la crisis del sistema de justicia que afecta la institucionalidad del país no son retos menores para quien asume la vocería del Ejecutivo en un contexto en el que la jefatura del Estado es ocupada por una persona que rehúye el protagonismo y que, cuando no puede evitarlo, desbarra con pertinacia.

Habrá que estar atentos para ver si su conducta confirma la destreza política que sus promotores le atribuyen. De alguna forma, la elección de Adrianzén semeja, en realidad, un eco de la de Otárola, pues hablamos de un abogado con presencia de ánimo y algún recorrido político, asociado al gobierno del expresidente Ollanta Humala (un detalle que apunta en un sentido que la presencia de Daniel Maurate en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo confirma).

Pero si en esto cabe conceder por lo menos el beneficio de la duda, en lo que concierne a los otros cambios que podrían haber mejorado la atmósfera para el Gobierno, el diagnóstico es terminante. La oportunidad de hacerlo se ha dejado pasar sin miramientos. Como se sabe, el titular del Interior, Víctor Torres, el de Salud, César Vásquez, y el de Justicia, Eduardo Arana, han permanecido en sus puestos, a pesar de los inconvenientes que tales permanencias presentaban. Torres no da pie con bola en la lucha contra la criminalidad en el territorio nacional y tiene pendiente una interpelación en el Congreso en la que tendrá que ofrecer razones improbablemente consistentes sobre el relevo del comandante general de la PNP Jorge Angulo en enero pasado. Vásquez, por su parte, está siendo rebasado por los estragos que la epidemia del dengue está ocasionando en la población, especialmente en el norte del país, y sobre Arana pesa –no lo olvidemos– una investigación fiscal por presunta instigación al delito de tráfico de influencias agravado en el marco del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Y, sin embargo, todos ellos han conservado sus fajines con el cambio del equipo ministerial.

En suma, es claro que el reemplazo de Alberto Otárola por Gustavo Adrianzén en la PCM, si bien presenta algunas virtudes, no ha acabado con los problemas del Gabinete y del Gobierno en su conjunto. Borrón ha habido, pero algunas cuentas viejas se mantienen. Y más temprano que tarde exigirán ser cobradas.