Editorial: Inversión democrática

Faltan poco más de siete meses para la primera vuelta de las elecciones generales del 2021. Como ocurre cada lustro, el próximo 11 de abril los peruanos acudiremos a las urnas para elegir un nuevo Congreso y decidir qué proyecto político queremos que encabece el Poder Ejecutivo hasta el 2026. Un proceso que nunca deja de ser importante, pero que esta vez, dadas las circunstancias, será particularmente trascendente.

En efecto, el país celebrará nuevos comicios tras cinco años de una aguda crisis política, gatillada por los conflictos entre los poderes del Estado, las revelaciones de los casos Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto y expresada en la renuncia de un presidente y la disolución de un Parlamento. Circunstancias recientemente atizadas por la pandemia del COVID-19, que ha terminado con la vida de más de 29 mil compatriotas, ha herido gravemente a nuestra economía y ha activado una ráfaga populista que percude la oferta electoral.

En suma, el próximo 11 de abril tendremos que decidir cómo se reconstruirá el país luego de todos los trances descritos. Por ello, en medio de la epidemia, será vital que las condiciones estén dadas para garantizar, por un lado, la transparencia del proceso y, por otro, la seguridad sanitaria de este. Es un esfuerzo que demandará el compromiso de nuestras autoridades y la implementación de algunos cambios importantes. Algunos ya se han empezado a discutir.

En una entrevista con este Diario, el titular electo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, se refirió a algunas medidas que podrían implementarse. Además de asegurar que se trabajará de la mano con el Ministerio de Salud, y de aseverar que se apuntará a mantener la distancia social en los locales de votación y que se procurará la disponibilidad de herramientas de desinfección y protección, se refirió a la posibilidad de que el proceso sea conducido de manera escalonada, con las primeras horas separadas para que participen las personas vulnerables. También ha dicho que se evaluará la posibilidad de ofrecer el voto electrónico no presencial como una alternativa.

Desde el Congreso, por otro lado, se ha planteado que se exonere de la multa a quienes no vayan a votar en el 2021, así como la posibilidad –también deslizada por el señor Corvetto– de compensar económicamente a los miembros de mesa. En ambas instancias, se trata de propuestas positivas. Por un lado, es comprensible que las personas dejen de ser castigadas por no participar en los comicios en una coyuntura en la que esa decisión puede sostenerse en criterios de salud, y cuando la sanción puede representar otro golpe en medio de una crisis económica. Por el otro, que se remunere a los miembros de mesa añade incentivos a una tarea difícil y clave para el desarrollo de las elecciones. La noción de que se les retribuya, como sucede, con un día libre del trabajo, es impertinente en una coyuntura donde tantos están desempleados y muchos dependen del día a día para mantener a sus familias.

En todos los casos, empero, está claro que las elecciones del próximo año harán necesaria una mayor inversión de parte del Estado, pero no solo para garantizar que todo ocurrirá de forma segura. También se deberá generar confianza en los electores de que esa seguridad existirá y ofrecer información detallada sobre las prácticas más eficientes y libres de peligro que tendrán que llevarse a cabo ese día.

Ni el virus ni la posibilidad de que se libre de multa a los ciudadanos puede ser un pretexto para que las personas no ejerzan su voto y esa es una responsabilidad del Estado, que tiene que hacer todo lo posible para convertir las buenas intenciones en acciones y lograr que nada –ni el miedo– trunque el derecho de los ciudadanos a elegir sus nuevas autoridades. Hoy toca, más que nunca, invertir en nuestra democracia.