Editorial: El negocio de la familia

El próximo 7 de octubre se celebra en todo el país un proceso de elecciones regionales y locales que trae una novedad importante: la imposibilidad de reelegir a quienes ostentan actualmente los cargos de gobernador regional o alcalde. La conveniencia de esa disposición, supuestamente destinada a evitar la eternización de algunas personas en las referidas posiciones y la eventual utilización de los recursos del gobierno que encabezan con fines electorales, se ha discutido mucho y continúa discutiéndose. Hay quienes consideran, en efecto, que un solo período para una determinada administración regional o local puede resultar insuficiente para poner en marcha y asegurar proyectos relevantes y, en consecuencia, argumentan que se debería admitir al menos una reelección inmediata.

El asunto desde luego es debatible, pero lo cierto es que para el proceso que tenemos ad portas está vigente y, al parecer, en el plano local, eso ha producido un fenómeno muy llamativo. Solo en Lima, que consta de 43 distritos incluyendo el Cercado, la cantidad de hijos, hermanos y cónyuges de actuales alcaldes que buscan sucederlos en el cargo asciende al menos a 6. Es decir, en cerca del 14% de las competencias para llegar a un sillón municipal que se van a celebrar en la capital, hay un pariente cercano tratando de tomarle la posta al burgomaestre en funciones.

El caso que más atención ha concitado es el de la provincia de Lima, donde, corriendo por los colores de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Pardo buscará ‘heredar’ la posición de su padre, Luis Castañeda Lossio. Pero en igual trance se encuentran Augusto Miyashiro Ushibuko respecto de Augusto Miyashiro Yamashiro, en Chorrillos; y Marlon Jiménez Mogollón respecto de Milton Jiménez Salazar, en Puente Piedra.

Las señoras Yane Millones y Teresa Ramírez Docampo, por su parte, aspiran a suceder a sus respectivos cónyuges, Ángel Wu Huapaya y Marco Álvarez, en Breña y San Borja. Mientras que Guido Íñigo Peralta, actual alcalde de Villa El Salvador, quien se alista ahora para postular al sillón municipal de Villa María del Triunfo, podría ser sucedido por su hermano Kevin.

No hay por supuesto nada de ilegal o reñido con la ética en estos casos o cualesquiera otros semejantes que pudieran presentarse en el resto del país. Pero, como decíamos antes, se trata de un fenómeno llamativo y sobre el que, pensamos, vale la pena reflexionar.

Los ejemplos de hijos que quieren seguir las huellas de sus padres abundan, en realidad, en la política peruana y mundial; sobre todo, cuando hablamos de presidentes. Y los de esposas o hermanos que intentan algo parecido no son infrecuentes. Lo que existe, en realidad, son ‘clanes’ en los que la vocación por asumir las riendas del país o adquirir una cierta dosis de poder en alguna otra instancia gubernamental es vista como ‘el negocio –entendido este como ocupación o quehacer; no como operación lucrativa– de la familia’.

¿Entraña esto algún peligro? Pues si es la expresión de una auténtica aspiración por desarrollar una inquietud o un talento heredado o contagiado por un pariente inmediato, no. Pero si resulta una forma embozada de sacarle la vuelta a la prohibición de la reelección –esto es, si se trata solo de una fachada para que, al terminar su mandato, el titular actual de un gobierno nacional, regional o municipal siga ejerciendo el poder de una manera vicaria–, sí. Máxime si viene acompañada de algún tipo de uso de los recursos públicos para favorecer la candidatura de quien lleva un apellido fácilmente identificable por los electores.

No por gusto tuvo tanto impacto en la ciudadanía hace unos años la expresión ‘reelección conyugal’, acuñada por Alan García para sintetizar los peligros que muchos distinguían en los equívocos gestos de Nadine Heredia hacia la posibilidad de postular en el 2016 y suceder a su esposo en la presidencia.

Habrá que estar atentos para detectar cualquier asomo de una amenaza análoga en las candidaturas mencionadas. Y luego sacar conclusiones que, eventualmente, puedan ser trasladadas a la legislación electoral.