Las cifras que han traído las encuestas de este mes sobre la aprobación y desaprobación al Congreso tienen que haber significado un trago amargo para los integrantes de la representación nacional. De acuerdo con el sondeo realizado por Datum para este Diario, la aprobación al Legislativo ha descendido en diciembre a un mínimo histórico de 7%, mientras que su desaprobación ha escalado hasta llegar al 88%. Esos números expresan, por supuesto, una opinión de la ciudadanía sobre la calidad del trabajo de los parlamentarios en general, lo que puede resultar injusto en los casos de algunos de ellos… Aunque la verdad es que cada vez se hace más difícil encontrar excepciones al comportamiento populista y autocomplaciente de los ocupantes del palacio de la plaza Bolívar.
La Mesa Directiva, sin embargo, parece persuadida de que la performance de los padres y madres de la patria merece ser reconocida de forma extraordinaria y así, a lo que cada congresista recibirá este mes por sueldo (S/15.600), gratificación navideña (S/15.600), bono por desempeño laboral (S/7.617) y bono por semana de representación (S/2.800), acaba de agregarle S/1.700 más, bajo el concepto de “aguinaldo en tarjetas electrónicas”.
En realidad, se trata de un beneficio otorgado al personal del servicio parlamentario independientemente del régimen laboral que le corresponda, cuya justificación ha consistido esencialmente en que ya se entregó en años anteriores. Lo que más poderosamente llama la atención, no obstante, es el hecho de que “a título de liberalidad” se haya extendido la gracia al resto de la “población laboral activa” de la institución: un rubro que comprende a los legisladores mismos y a su personal de confianza. De esa manera, de los S/6,5 millones que supone en total este nuevo gasto, S/221.000 irán a parar a los bolsillos de los legisladores. Una irónica forma de procurarles consuelo, se diría, por la inédita reprobación ciudadana que han cosechado recientemente.
En ese sentido, las declaraciones de algunos de ellos sobre este aguinaldo resultan reveladoras. El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), ha aseverado, por ejemplo: “Yo, como todo congresista, tengo que recibirlo, ¿cuál es el problema?”. No contento con eso, además, censura a cualquier colega suyo que pudiera abstenerse de aceptarlo. “Ese bono [al] que [se] ha renunciado vuelve al Estado y se pierde”, afirma. Y luego añade: “O sea, no es ningún acto heroico acá que yo diga que voy a renunciar”. Una curiosa manera de entender la situación. ¿Se “pierde” efectivamente el dinero que retorna a las arcas del Legislativo ante una renuncia de recibirlo o es más bien destinado a cubrir otro gasto que no sea producto de una “liberalidad”?
Su compañero de bancada Flavio Cruz, por otra parte, reconoce que la circunstancia que comentamos puede atraer críticas sobre él y sus colegas, pero en última instancia anuncia: “Yo no voy a actuar con hipocresía […]. Yo lo recibo y lo comparto siempre”. No menos sugestiva es la posición del presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País). “Puede existir la queja de la población, es cierto”, admite. Para luego, a manera de atenuante, anotar que “el congresista no tiene vacaciones”.
Como se ve, pues, lo que predomina entre los parlamentarios es una actitud en la que, a pesar de la conciencia que puedan tener de la reacción negativa que este aguinaldo ocasionará en la población, se prefiere ir adelante con él. Quizás el penoso razonamiento que existe detrás de ello es que, a estas alturas, nada de lo que hagan es capaz de mejorar su imagen. Es como si en su mente estuviesen convencidos de que un escándalo más hoy en día no hará mayor diferencia entre la colección de desatinos que acumulan.
Este Congreso ha cumplido la nada deleznable hazaña de haber superado en despropósitos a todos los anteriores. Pero lo terrible es que no podemos descartar que, en los próximos años, se supere a sí mismo.