La Comisión de Ética aprobó este lunes una indagación preliminar contra Huilca y Glave por fomentar la frase “Perú, país de violadores” a través de las redes sociales. (Foto: Congreso de la República).
La Comisión de Ética aprobó este lunes una indagación preliminar contra Huilca y Glave por fomentar la frase “Perú, país de violadores” a través de las redes sociales. (Foto: Congreso de la República).
Editorial El Comercio

El tenso momento político que hoy vive el país llama a exigir de nuestras autoridades una conducta profesional, mesurada y, sobre todo, ética. Y en ese sentido, este Diario considera que no debe pasar desapercibida la crisis que enfrentó la semana pasada la Comisión de Ética del Parlamento. Una crisis que ha deslegitimado ese mecanismo de autocontrol en el Congreso.

Como se sabe, en la última semana, representantes de cuatro de las seis bancadas que integran esa comisión han anunciado su renuncia o la intención de suspender o retirar por completo la participación de su agrupación política en ella.

Así, a la dimisión de Yonhy Lescano (Acción Popular), le siguió la decisión de Peruanos por el Kambio de no tener representación en dicha comisión, y eventualmente la del Frente Amplio, Alianza para el Progreso y Acción Popular, esta vez como bancada, de “suspender” su participación. Con ello, la Comisión de Ética quedaría compuesta solamente por los cuatro miembros de Fuerza Popular y uno del Partido Aprista Peruano.

Como se sabe, esta cadena de deserciones surge como consecuencia de la decisión de la comisión de rechazar el pedido para indagar la participación de los congresistas de Fuerza Popular en el allanamiento fiscal a sus locales partidarios efectuado el jueves 7 de diciembre, y en el que se imputa una actitud hostil y amedrentadora por parte de algunos legisladores naranjas. Una participación que, dicho sea de paso, ha sido objeto de un informe fiscal que asegura que nueve parlamentarios habrían incurrido en “violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de las funciones fiscales”. En la Comisión de Ética, sin embargo, este pedido no prosperó precisamente gracias a los cuatro votos (contra tres a favor de abrir investigación) de los miembros del fujimorismo, incluyendo a Úrsula Letona –que estuvo en la diligencia del Ministerio Público y hubiera sido objeto de investigación– y Juan Carlos Gonzales, presidente de la comisión.

Los parlamentarios de las bancadas salientes han denunciado una actitud arbitraria en los miembros de la mayoría fujimorista y de favorecimiento constante a sus correligionarios.

Ciertamente, trasluce un doble rasero que llama a la indignación esta proclividad a encontrar razones para abrir indagaciones por supuestas infracciones éticas de sus adversarios políticos hasta en la utilización de expresiones o hashtags controversiales en redes sociales, pero no en conductas más cuestionables de sus compañeros de bancada. Un ejemplo de esto último, además del ya comentado, es el archivamiento del caso del fujimorista Luis López Vilela, quien habría intervenido para favorecer a su hermano ante la Fuerza Aérea del Perú.

Frente a estas objeciones, la respuesta del presidente de la Comisión de Ética, Juan Carlos Gonzales, ha sido sencillamente penosa. “Se votó. Somos nueve miembros de la Comisión de Ética. Nosotros somos cuatro [de Fuerza Popular]. Si las otras personas, que son cinco, son mayoría, le ganan a los cuatro, es simple matemática” declaró el martes pasado ante la prensa, para luego añadir: “Yo no tengo la culpa ni quedamos en un acuerdo para que falten los otros miembros. […] Perdonen, pero la democracia es así”. Es decir, en lugar de dar una explicación solvente al fondo de la crítica, la presunta parcialización en las votaciones acerca de a quién investigar y a quién no, el parlamentario naranja se escudó únicamente en un ejercicio aritmético y en el peso de los números que acompañan a su bancada y a quienes frecuentemente los acompañan con sus votos.

El balance de la Comisión de Ética, publicado la semana pasada en este Diario, arrojaba que de las 94 denuncias presentadas, 87 habían sido declaradas improcedentes. Y en los poquísimos casos (cinco) en los que tal comisión aprobó recomendar suspensiones a parlamentarios, en ninguno de ellos el pleno aprobó los informes; mientras que en varios, incluso los propios miembros de dicha comisión votaron en contra de las recomendaciones. En suma, la inclinación para el blindaje no es un atributo exclusivamente naranja.

Frente a este escenario desesperanzador, se hace evidente la necesidad de revisar el concepto de la ética parlamentaria que algunos legisladores manejan y de una reingeniería completa de la comisión encargada de aplicarla. Pues algunos congresistas como el señor Gonzales creerán equivocadamente que la democracia consiste simplemente en el imperio de las mayorías pero, definitivamente, así no es como funciona la ética.