¿Un contralor bajo control?

El período de Nelson Shack como contralor general de la República está a punto de culminar y desde el Congreso y el Gobierno ya han comenzado a preparar algunas opciones al respecto antes de que dicho plazo se venza. El primero ha aprobado una ley (que todavía debe ser ratificada en una segunda votación) que le permitiría a Shack mantenerse en el cargo hasta que su reemplazo sea elegido en la Comisión Permanente. Mientras que el segundo ha propuesto al abogado Pedro Cartolín para el cargo, un nombre que resulta conocido en el Parlamento.

Cartolín, como se ha recordado en los últimos días, fue uno de los candidatos a ocupar la Defensoría del Pueblo en la elección en la que resultó ganador Josué Gutiérrez. Fue nominado por las bancadas de Podemos Perú y Somos Perú, y pese a que llegó hasta la fase final del proceso, se retiró antes de la votación en el pleno aduciendo “razones estrictamente personales y profesionales”. Por lo que su regreso a la palestra política –esta vez de la mano de la presidenta Dina Boluarte– ha despertado suspicacias por la posibilidad de que sea un intento de la mandataria por congraciarse con ciertas tiendas políticas en momentos en los que hasta los propios integrantes del Gabinete no pueden negar la debilidad de la administración de la que forman parte.

Según fuentes de este Diario, Cartolín fue sugerido para reemplazar a Shack precisamente por Somos Perú, que sería –según las mismas voces– uno de los “grandes amigos” en el hemiciclo que la jefa del Estado aseguró tener la semana pasada. Aunque vale mencionar que desde dicha tienda política han asegurado que no tienen “nada que ver” en su nominación. Más allá de ello, sin embargo, su nombre ha llamado la atención de más de un especialista porque su perfil profesional no encaja con el cargo para el que ha sido propuesto.

Como se lee en la hoja de vida que presentó cuando candidateó a la Defensoría del Pueblo, Cartolín es un abogado con una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, y desde el 2003 viene trabajando en el Poder Judicial, donde actualmente integra la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. Y aunque la ley no exige tener conocimientos sobre finanzas públicas o procesos de contratación en el Estado, sí sería deseable que quien encabezara el organismo encargado justamente de fiscalizar cómo se gasta el presupuesto público tuviese conocimientos sobre la materia. El actual contralor, sin ir muy lejos, es un economista con estudios en administración pública, y varios de los que lo antecedieron fueron contadores o administradores con bastante más experiencia en el rubro de las finanzas públicas que la que Cartolín exhibe.

Pero, además, su nombramiento genera otro problema de origen: que sea nominado por una presidenta que arrastra serios cuestionamientos por el uso del dinero público y por signos de presunto enriquecimiento ilícito. Dos circunstancias que le han valido críticas de una serie de voces, entre ellas, la del actual contralor. Recordemos que este no solo afirmó en su momento que la presidenta Boluarte debió declarar los lujosos relojes que se le ha visto utilizando, sino que la institución que preside intervino hace poco el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el decreto de urgencia que autorizó la transferencia de S/100 millones al Gobierno Regional de Ayacucho, presidido por Wilfredo Oscorima, el ‘wayki’ de la mandataria, el último marzo. Por lo que la posibilidad de que Boluarte esté buscando un contralor ‘amable’ con ella, sus ministros y sus gobernadores amigos no parece tan descabellada.

Recordemos que ya la administración actual ha dado muestras de no ruborizarse cuando de reemplazar a funcionarios incómodos se trata. Lo hizo con el ahora ex procurador general del Estado Daniel Soria, con el aún presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, y todo hace parecer que buscará lo mismo con Nelson Shack, a fin de tener también a un contralor bajo control. Ojalá que el Congreso no se lo permita.