"La permanencia del actual presidente del Consejo de Ministros es una afrenta contra el país y las encuestas dan cuenta de ello" (Foto: El Comercio).
"La permanencia del actual presidente del Consejo de Ministros es una afrenta contra el país y las encuestas dan cuenta de ello" (Foto: El Comercio).
Editorial El Comercio

El Gobierno de ha empezado con el pie izquierdo. Como muestra la última encuesta de El Comercio-Ipsos, apenas 38% aprueba la gestión del actual mandatario, la cifra más baja registrada por una administración entrante en los últimos 20 años. La desaprobación, por su lado, alcanza el 45%.

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Se trata de una situación crítica que el Ejecutivo debe atender de forma inmediata, si lo que le interesa es gobernar el país de manera eficiente. Más allá de los pretextos políticos e ideológicos para no hacerle caso a las encuestas, lo cierto es que estas recogen el sentir de la ciudadanía (o “del pueblo”, en términos del presidente), y pasarlas por alto es tan soberbio como estratégicamente torpe. En especial cuando el resultado tiene poco de sorpresivo y cuando mucha de la actitud de los peruanos parece tener un origen evidente: el .

El Consejo de Ministros en su conjunto acumula 58% de desaprobación; , por su parte, alcanza el 59%. Asimismo, el 57% considera que el primer ministro le hace más caso a Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, que al mismo Pedro Castillo.

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Y esto último se ve reflejado en las personas que componen el Gabinete, que más que méritos profesionales coleccionan afinidades políticas con Perú Libre, líos con la justicia o antecedentes de conductas en claro conflicto con el Estado de derecho. Pero el caso más palmario es el del señor Bellido, que, lejos de ser un vehículo potable para canalizar los objetivos del Gobierno, se ha encargado de demostrar en los últimos días que es la punta de lanza del llamado “Gabinete de choque”.

Solo ayer, la Unidad de Investigación de este Diario dio a conocer que un colaborador eficaz del Caso Los Dinámicos del Centro señala a Bellido como el receptor de dinero ilícito para financiar la campaña con la que buscó llegar al Congreso en las elecciones del 2020. Según ha dicho el testigo, al titular del Gabinete se le habrían realizado depósitos con fondos obtenidos por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín. Como se sabe, la fiscalía se encuentra investigando a la referida banda criminal por el cobro de dinero para la expedición de licencias de conducir precisamente en esa jurisdicción.

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En cualquier otro Gobierno, lo más probable es que este tipo de acusaciones y pesquisas hubiesen llevado a que el involucrado dé un paso al costado, no porque acepte responsabilidad por aquello que se le imputa, sino para preservar la majestad del cargo que ejerce y la integridad de la gestión que representa. Pero a esta administración eso no parece importarle. De hecho, como hemos comentado desde esta página en más de una oportunidad, Bellido carga con múltiples mochilas que lo convierten en un pésimo cuadro para la Presidencia del Consejo de Ministros.

A la investigación que se le sigue por lavado de activos se le suma una que se le ha abierto recientemente por terrorismo, por sus supuestas vinculaciones con las huestes del Militarizado Partido Comunista del Perú en el Vraem. Asimismo, es materia de indagación por supuesta apología del terrorismo, a propósito de una entrevista en la que trata con indulgencia a Sendero Luminoso, banda criminal responsable de la muerte de miles de compatriotas.

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Si a lo anterior se le suman sus conocidas expresiones homofóbicas y machistas, y su animosidad hacia la prensa, la conclusión se cae de madura: Guido Bellido no puede ser el primer ministro del Perú, menos dentro de un gobierno que se ufana de servir al “pueblo”.

La permanencia del actual presidente del Consejo de Ministros es una afrenta contra el país y las encuestas dan cuenta de ello. Por el bien del Perú y de su Gobierno, Pedro Castillo no debería esperar el voto de confianza en el Parlamento para prescindir de él. Sin embargo, si el jefe del Estado insiste en el error, el Legislativo tiene la obligación de enmendar el camino.

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