Editorial: La lección de Mirave

“El gobierno declaró el estado de emergencia en el centro poblado de Mirave, situado en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, en la región Tacna. La norma señala que las intensas precipitaciones pluviales […] originaron un huaico que ocasionó daños de magnitud en viviendas […] así como daños a la salud”. Esta es una nota periodística que publicó este Diario el 29 de marzo del 2015, tres días después de que un huaico inundara Mirave y destruyera casi 50 viviendas.

Casi cuatro años después, la tragedia se repite. El último viernes otro huaico se precipitó sobre Mirave dejando una estela espantosa: al menos dos fallecidos (uno de ellos, de apenas 4 años), 360 familias damnificadas, 450 viviendas afectadas, los dos colegios del lugar inutilizables, sin luz ni agua, y con sus casi 2.000 habitantes refugiados en carpas. La ciudad, según las crónicas periodísticas, ha sido reducida a un amasijo de escombros.

En realidad, el caso de Mirave es apenas el más dramático de la emergencia ocasionada en las últimas semanas por una serie de lluvias e inundaciones en varias zonas del país que, según informó hace dos días el presidente Martín Vizcarra, ha dejado al menos 10 muertos, 1.800 damnificados y 8.000 afectados, además de viviendas derruidas, vías de comunicación cortadas –según datos de Provías, en el sur del país las lluvias han producido, al menos, la restricción del tránsito en 11 puntos y la interrupción en uno, por el colapso de un puente– y un coro de declaratorias de emergencia (en Arequipa, la medida alcanza a 40 distritos, mientras que en Tacna a 17 y en Moquegua a nueve).

Y decimos que es el ejemplo más dramático, no solo por las imágenes de la devastación que produce, sino porque lo sucedido era bastante previsible. Como ha recordado el director de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Tacna a El Comercio hace poco, Mirave ya tenía un plan de reasentamiento aprobado por el gobierno en el 2017, que nunca se concretó. La reubicación no solo era una respuesta al desastre del 2015, era, en realidad, una medida muy lógica: Mirave se halla asentada en el curso seco de una quebrada, por lo que solo era cuestión de tiempo para que la naturaleza recuperara su espacio.

La necesidad de ejecutar medidas en las localidades situadas en zonas de riesgo debería ser una política primordial del gobierno. Comenzando por las más drásticas: las reubicaciones. Según un informe publicado ayer en este Diario, el Ministerio de Vivienda ya ha identificado 40 lugares de riesgo “no mitigables” en los que el peligro es tan elevado que resulta más factible reasentar a sus ocupantes antes que implementar acciones de mitigación. Dicha información se conoce desde el año pasado; sin embargo, hasta ahora no se ha hecho nada.

Otra responsabilidad de las autoridades que, aunque obvia, es ignorada habitualmente es la prevención. A finales de enero, resaltamos en este espacio que, del presupuesto destinado en el 2018 para la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (que ascendió a S/2.600 millones), solo se ejecutaron dos tercios. Y que, según datos del Centro Nacional de Estimación del Riesgo de Desastres (Cenepred), solo el 14% de municipalidades provinciales y apenas el 2% de distritales contaban con un plan de prevención y reducción de riesgos. Como si las lecciones del último Niño costero se hubieran disuelto en un vaso con agua.

Es cierto que los huaicos y las inundaciones son frecuentes en el país. Tanto como ello, sin embargo, es que las autoridades sí pueden reducir el impacto que estos fenómenos tienen en miles de peruanos, comenzando, por solo dar dos ejemplos, por la prevención y la reubicación de las poblaciones de riesgo.

Escatimar esto podría llevarnos a que, en no muchos años, volvamos a ver las aciagas imágenes que sacuden al país en estos días.