Editorial El Comercio

La reciente entrevista en la que el defensor del Pueblo, , anunció que la institución a su cargo publicaría un informe contrario a la decisión del Poder Judicial de declarar ilegal el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros () mereció hace apenas tres días. En él, criticábamos el frágil argumento planteado por Gutiérrez para oponerse a esa decisión. A saber, que con ella se les estaría quitando a “decenas de miles” de personas inscritas en la mentada organización política la posibilidad de postular al puesto de representación popular que quisieran.

Según él, esas personas no se habían incorporado al partido por identificación con los pronunciamientos de su único vocero visible, (pronunciamientos que, al estar reñidos con la democracia, fueron lo que condujo a la Corte Suprema a impedir su participación en ella en una primera instancia), sino por su ideario y su programa. Como señalamos en el editorial del sábado, sin embargo, es imposible ignorar que el conglomerado político en cuestión “ha cobijado un discurso violento, xenófobo, autoritario y contrario a los derechos humanos” (irónicamente aquello por lo que la Defensoría del Pueblo debería velar). La lista de atentados contra la vida y la libertad que el expresidiario y cabecilla del ‘andahuaylazo’ agita como oferta electoral parece, en efecto, la receta perfecta para acabar con el Estado de derecho. Y, en ese sentido, llamábamos la atención sobre la desconcertante cruzada emprendida por Gutiérrez

Resulta, sin embargo, que nos quedamos cortos. Este Diario del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la que daría la impresión de ser la auténtica razón de todo su desvelo: su hermano, Agustín Gutiérrez, es desde julio militante de Antauro y sus eventuales aspiraciones de postular, por ejemplo, al Congreso se verían frustradas por la decisión del Poder Judicial. Una circunstancia que el actual defensor del Pueblo olvidó mencionar cuando ensayó la argumentación que hemos criticado.

En buena cuenta, pues, se ha valido él de la autoridad del cargo que ostenta para abogar por los intereses de un familiar. Y eso acaba siendo un comportamiento más deleznable aun que el que ya conocíamos. Gutiérrez llegó al puesto que ocupa por un pacto de conveniencia entre fuerzas disímiles del Congreso, pero la verdad es que nunca pareció el candidato idóneo para conducir la institución que defiende los derechos de los ciudadanos frente al Estado. Ahora queda claro que los intereses que buscaba defender eran solo los de su hermanísimo.

Editorial de El Comercio

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