La corrupción y sus ayudantes

Como si se hubieran puesto de acuerdo, el último lunes 12 de agosto los congresistas Luis Cordero Jon Tay (Somos Perú) y Katy Ugarte (Bloque Magisterial) presentaron sendos proyectos de ley que han desatado las críticas de los especialistas quienes advierten que, de aprobarse, terminarían favoreciendo a los corruptos.

La iniciativa de Cordero, en primer lugar, propone reformar el inciso j del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe que los condenados por los delitos de colusión, peculado o corrupción puedan postular a la presidencia o vicepresidencia de la República “aun cuando hubieran sido rehabilitados”. Bajo el argumento de garantizar “el fin resocializador de la pena” y “el derecho que tiene toda la persona de elegir y ser elegido”, la propuesta del excongresista de Fuerza Popular busca limitar esta prohibición para que solo alcance a quienes todavía no han cumplido su condena y ya no surta efecto en quienes hayan sido rehabilitados (como ocurre actualmente).

Como han advertido los abogados Alejandro Rospigliosi y Enrique Ghersi en conversación con este Diario, con esta reforma no solo se beneficiaría al expresidente Alberto Fujimori, que fue condenado por corrupción en el 2009 y que según su hija Keiko será el candidato del fujimorismo en el próximo proceso electoral, sino también a otros exgobernadores sentenciados por este delito, como Álex Kouri o el actualmente prófugo Vladimir Cerrón. Y no se puede descartar, por otro lado, que alguno de los colegas de Cordero termine beneficiándose con esta norma en el futuro.

Lo que es peor, en este Congreso que se ha demostrado incapaz de colocarles más y mejores candados a los postulantes a la presidencia ahora aparecen los que buscan removerlos, abriendo así la puerta para que los corruptos puedan –literalmente– terminar en una cédula de votación y eventualmente en Palacio de Gobierno.

Por otro lado, el proyecto presentado por la legisladora Ugarte apunta a reformar el Código Penal para tipificar el delito de “perjurio” a fin de sancionar con entre seis y ocho años de cárcel a quien, “bajo juramento o promesa de decir la verdad, declara dolosamente como verdadero un hecho que sabe es falso” en determinadas instancias, como las comisiones investigadoras del Congreso o cualquier otra que reciba excepcionalmente dichas facultades.

A primera vista, el documento habla de una “necesidad fundamental de asegurar la integridad y la justicia en el sistema judicial del país”. Sin embargo, como han advertido expertos consultados por este Diario, de aprobarse, la enmienda tendría el efecto de neutralizar las denuncias que se han presentado en los últimos meses contra legisladores señalados por sus extrabajadores de apropiarse de parte de sus sueldos.

Esto, porque, con el cambio legal que propone Ugarte, los extrabajadores que presten declaración en comisiones parlamentarias contra sus exjefes podrían terminar siendo denunciados por estos, lo que desincentivará las denuncias. “La Comisión de Ética es considerada una instancia administrativa, allí muchos extrabajadores congresales han declarado la verdad, pero sus testimonios fueron desestimados por los votos”, explicó el abogado Alejandro Rospigliosi, para ilustrar los riesgos de esta iniciativa.

Si bien ya es una audacia presentar un proyecto de ley como este, el hecho de que Ugarte sea uno de los 13 congresistas señalados de recortar sueldos en el actual período parlamentario eleva el caso a la categoría de conflicto de intereses. Y es, además, una clara amenaza a la prensa que ha sido la encargada de darles voz a los denunciantes de los ‘mochasueldos’, cuyos testimonios han sido luego desestimados o desdeñados en un Parlamento que se ha dedicado a blindar a los suyos.

Como es evidente, de prosperar, estas iniciativas terminarían favoreciendo a los corruptos. De un lado, habilitándolos para postular al más alto cargo de la nación luego de haber cumplido condenas que en muchos casos apenas llegan a unos cuantos años, y del otro, desincentivando el testimonio de quienes buscan denunciarlos bajo la amenaza de que los procesados terminen siendo ellos mismos.

Conociendo lo que ha aprobado antes este Parlamento, nadie puede descartar que no vayan a respaldar ambas propuestas. Habrá que estar atentos.