Editorial: Vías indebidas

La semana pasada, el ex gobernador regional del Callao  Álex Kouri presentó una demanda contra dos jueces, los señores José Antonio Neyra Flores e Iván Sequeiros Vargas, y contra el Estado Peruano, requiriéndoles el pago de una indemnización por “daños y perjuicios a la persona y daño moral” ascendente a S/50 millones. La razón que motiva la demanda son las sentencias que le impuso el Poder Judicial, por las que Kouri cumple actualmente una pena privativa de la libertad de cinco años.

Son varios aspectos los que llaman poderosamente la atención de la pretensión del fundador del partido político Chim Pum Callao. En primer lugar, resulta extraño que el también ex alcalde de la provincia constitucional sustente que una sentencia le ha ocasionado un daño indebido que merece ser millonariamente reparado, cuando su condena no solo se encuentra vigente, sino que además ha sido validada por dos instancias judiciales (la Cuarta Sala Penal Liquidadora y la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema).

Como se recuerda, el señor Kouri fue hallado responsable en sede judicial por el delito de colusión desleal. Ambos tribunales consideraron que utilizó su cargo como alcalde provincial del Callao para beneficiar a la empresa Convial en la construcción de la vía expresa del Callao, una supuesta vía rápida sobre la avenida Elmer Faucett que debía contar con un tramo de 5,7 kilómetros, pero que hoy permanece inconclusa con apenas 1,8 kilómetros de extensión. De acuerdo con informes de la Contraloría General de la República, valorados por las instancias judiciales, las irregularidades se presentaron en el sustento del contrato, en la adjudicación de la concesión (otorgada a la Convial pese a no cumplir con las exigencias requeridas en el propio concurso), y también en la ejecución de la obra, por la cual Convial solo habría invertido US$8 millones de los más de US$45 millones que estaba presupuestado. Por tal razón, además de la pena privativa de la libertad, se impuso al señor Kouri el pago de una reparación civil de S/26 millones.

Si bien Kouri tiene el derecho de alegar su inocencia y presentar las acciones legales para intentar anular la condena que pesa en su contra, lo que resulta bastante irregular es que pretenda que se revise una sentencia penal a través de un proceso civil de indemnización por daños y perjuicios. Pues, justamente, ese es el fundamento central de la demanda presentada por Kouri: que la condena impuesta fue ilegal. Y dicho planteamiento, de ser aceptado, llevaría al absurdo de que un juez civil deje de lado lo dispuesto por la sala penal y ratificado por la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, tampoco es claro que la demanda interpuesta por el ex gobernador regional haya sido dirigida contra dos magistrados y no, en todo caso, contra todos los integrantes de los tribunales que fallaron en su contra en el proceso penal que culminó con su encarcelación.

En fin, lo que preocupa aquí no es solo que el señor Kouri haya tomado una vía irregular para pretender defender sus intereses, sino también el mensaje intimidatorio que este puede encerrar. Porque si un juez condena a una persona a prisión y al pago de una indemnización de S/26 millones no tendría por qué esperar que el sentenciado, en retaliación, le demande una indemnización de casi el doble de la magnitud.