Infancias condenadas

No han pasado ni tres meses desde que este Diario advirtió que en el 2022 la prevalencia de anemia alcanzó al 42,4% de los niños de entre 6 y 35 meses en nuestro país, según cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del INEI, y tenemos –lamentablemente– que volver a abordar el asunto.

Según la última Endes, en el primer semestre de este 2023, la prevalencia de anemia infantil en el Perú fue del 43,6%, con lo que no solo se confirma que la tendencia es al alza (como sabemos, en el 2021 el porcentaje fue de 38,8%; es decir, tres puntos porcentuales menos que el año pasado), sino que muy probablemente los resultados del año serán catastróficos. Recordemos que, según la Organización Mundial de la Salud, cuando la prevalencia nacional o local de anemia es mayor que el 40% de la población ya pasa a ser considerada un problema de salud pública severo. Esto es exactamente lo que nos viene ocurriendo.

El promedio nacional, como dijimos anteriormente, esconde realidades dramáticas. En Puno, Ucayali, Huancavelica, Loreto y Madre de Dios, la anemia alcanza a seis de cada 10 niños. De hecho, en 10 regiones del país, más de la mitad de los infantes tiene esta condición, y ninguna se halla en una categoría leve, es decir, por debajo del 20% de incidencia (Moquegua, la mejor posicionada, registró el año pasado una prevalencia de anemia infantil del 28,5%).

La última Endes, además, trae otro dato alarmante. La prevalencia de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de 3 años fue de 16,3% en el primer semestre del año; esto es, más de 1,2 puntos porcentuales respecto del registro de todo el 2022 y el porcentaje más alto desde el 2011. Los niños que padecen anemia, al tener un sistema inmunológico más debilitado, son mucho más vulnerables a sufrir esta enfermedad que los deja, además, más expuestos a padecer deshidratación y otras consecuencias.

Se ha repetido hasta el cansancio que la anemia infantil, a diferencia de otros problemas de salud pública, deja secuelas irreversibles. Los niños anémicos tendrán problemas en su aprendizaje que les restarán posibilidades económicas a lo largo de su vida. Docentes consultados por este Diario en regiones con las mayores tasas de prevalencia de anemia infantil han narrado, por ejemplo, los problemas que exhiben sus alumnos para prestar atención en clase o aprender funciones claves como escribir y leer. Una especie de condena desde la infancia que, sin embargo, no parece haber despertado un sentido de urgencia ni en nuestra clase política ni en nuestra sociedad.

Un ejemplo de esto es lo ocurrido con los desayunos de Qali Warma, que se suspendieron en el 2020 debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 (pasaron a entregarse a los padres de familia en los domicilios) y que, pese a que los alumnos de las escuelas públicas ya han regresado a las aulas, recién se reinstituirán el próximo año. Otro programa social diseñado para hacer frente a esta problemática son las instancias de articulación local de lucha contra la anemia, creadas por ley en el 2019, que, no obstante, hasta hoy solo se ha instalado en dos distritos limeños: San Miguel y Los Olivos. Desde el lado del gobierno de Dina Boluarte, recordemos que la presidenta anunció en su mensaje del pasado 28 de julio la creación del programa Niños de Hierro, que todavía no ha sido implementado.

La anemia no esperará por la lentitud y complejidad de nuestra burocracia, así como por una clase política encerrada en sus propias pullas. Cada niño que dejamos que sea golpeado por esta es una pérdida irreparable para una familia y para el país en su conjunto. No esperemos a que las cifras de finales del 2023 nos vuelvan a gritar que la anemia infantil sigue al alza mientras miramos hacia otro lado. No podemos condenar así a nuestra infancia.