Todo es falso, pero renuncio

Dos días atrás, el entonces miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Henry Ávila Herrera presentó su renuncia a esa institución. En carta dirigida a su presidente, Humberto de la Haza Barrantes, señaló que lo hacía por las menciones que había hecho de él Jaime Villanueva en las declaraciones que prestó en el contexto de la investigación que se le sigue en el Ministerio Público a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides. Villanueva, como se sabe, fue asesor de esta última y ahora es testigo en el proceso que la involucra.

El contenido exacto del testimonio aludido aún no se conoce, pero el periodista Ricardo Uceda reveló el último domingo en las páginas de este Diario que, durante el gobierno de Pedro Castillo, Villanueva habría presenciado la solicitud de uno o varios favores de un miembro de la JNJ a Félix Chero, a la sazón titular de Justicia. Cosa que, de ser cierta, sería desde luego materia de investigación y escándalo. La hipótesis que se deriva de esa información, lógicamente, es que el integrante de la JNJ en cuestión sería Ávila. Y, de hecho, ayer la Procuraduría General del Estado (PGE) le solicitó al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, que inicie diligencias preliminares por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico contra Ávila y Chero.

En su carta a De la Haza que mencionamos al inicio, Ávila niega la veracidad de lo sostenido por Villanueva en su declaración –la que, curiosamente, parece conocer en detalle– y afirma que esta contiene “un conjunto de hechos notoriamente falsos sobre ciertas verdades que atañen” a su conducta (una fórmula un tanto enredada de ensayar un desmentido), antes de agregar que rechaza enérgicamente y con indignación “todos esos contenidos malintencionados y agraviantes”. Desconcertantemente, sin embargo, llega luego a la conclusión de que, “ante tales circunstancias y en interés de garantizar la integridad, transparencia e institucionalidad de la JNJ, lo más prudente y aconsejable” es, en su opinión, alejarse del cargo que ostenta. Es decir, asevera que todo lo que le imputaría Villanueva es falso, pero renuncia… Un auténtico reto a la razón, porque si lo que le atribuye el exasesor de la señora Benavides no tiene asidero en la realidad, lo que correspondería es que permaneciese en el cargo. ¿Cómo así contribuye su renuncia a la integridad, transparencia e institucionalidad de la JNJ? No se sabe.

En honor a la verdad, habida cuenta de la inconsistencia de su argumentación, lo que se levanta es, más bien, la sospecha de que sí ha existido algo irregular en su conducta. Una circunstancia que afecta la ya mellada imagen de la mentada institución, en momentos en los que todos sus miembros enfrentan en el Congreso una denuncia constitucional que plantea inhabilitarlos por diez años (y, en consecuencia, forzarlos a alejarse de sus cargos inmediatamente). Como se recuerda, ese proceso tiene como sustento el supuesto favorecimiento indebido de todos ellos a su colega Inés Tello para que permaneciera en su puesto a pesar de haber pasado ya los 75 años.

No conviene olvidar tampoco que en las declaraciones de Villanueva existen también referencias inquietantes a Guillermo Thornberry, otro miembro de la JNJ, el que supuestamente habría filtrado información a la fiscal Benavides durante su proceso de evaluación. Si sumamos a ello las críticas que la JNJ ha atraído sobre sí por demorar mucho más allá del plazo permitido el pronunciamiento que tiene pendiente sobre la reconsideración presentada por Benavides a su suspensión, resulta obvio que la institución enfrenta una crisis de credibilidad muy severa. Y la solución que, con prescindencia de lo que vaya a ocurrir en el Congreso, deberían considerar sus integrantes es la de dar, todos, un paso al costado.

Si alguien creyó que la JNJ así constituida iba a salvar la democracia, debería pensarlo de nuevo.