Fusible interior

Esta semana, el Congreso censuró al ahora exministro del Interior Vicente Romero. Los 75 votos que posibilitaron este desenlace provinieron de todas las bancadas, lo que debería dar luces sobre el rechazo transversal que el exdirector general de la Policía Nacional del Perú (PNP) cosechó entre los parlamentarios, que juzgaron que su gestión había mostrado incompetencia y falta de liderazgo para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Pero Romero ha sido apenas un fusible que ha terminado chamuscado por un problema que, en realidad, lo excede. Él, ciertamente, ha sido el responsable político por la desorientación que ha mostrado el Estado para hacerle frente al crimen, pero de ninguna manera es el único. Su censura es, por ello, un rechazo a la estrategia del gobierno para enfrentar la preocupante situación de inseguridad ciudadana que atraviesa el país desde que se levantó la cuarentena causada por el COVID-19.

Siendo honestos, resulta difícil encontrar algún atenuante para la manera como el Ejecutivo ha venido gestionando esta problemática. En los últimos meses, quizá lo más resaltante del gobierno en esta materia –para la que, recordemos, cuenta con facultades especiales para legislar– ha sido la modificación al Código Penal para sancionar con hasta 30 años el robo de equipos móviles e informáticos si estos se realizan utilizando explosivos o motos (cuestionada por diversos especialistas), su propuesta de crear una policía del orden y la seguridad (archivada por el Legislativo) y la declaración de estados de emergencia de dudosa eficacia en algunos distritos de Lima y Piura, recientemente ampliada por otros 60 días.

Es cierto que desde el gobierno se ha repetido en las últimas semanas que los estados de emergencia sí han dado resultados. Sin ir muy lejos, hace dos semanas el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, afirmaba en entrevista con este Diario que “ha disminuido la delincuencia en 18%” tras la imposición de esta medida. Pero, como dijimos en su momento, si no provee la evidencia que sustente sus afirmaciones, resulta difícil dar crédito de ellas. La ciudadanía, por su parte, ha sido categórica. Según la reciente encuesta elaborada por Datum Internacional para El Comercio, el 94% de los consultados considera que los estados de emergencia no han cambiado la situación de inseguridad; es decir, una postura prácticamente unánime (pese a que el Ministerio del Interior publicó en sus redes sociales el pasado 20 de octubre que “el 80% de vecinos de San Juan de Lurigancho y el 74% de San Martín de Porres aprueban el estado de emergencia”).

En cuanto a los hechos, estos tampoco parecen respaldar a la administración de la presidenta Dina Boluarte. Como ha publicado este Diario a través de datos conseguidos mediante un pedido de acceso a la información, entre setiembre –los estados de emergencia se estrenaron el 20 de ese mes– y octubre, se registró en promedio un homicidio al día en las circunscripciones en las que esta medida se instauró inicialmente: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y la provincia de Sullana, en Piura.

En San Juan de Lurigancho, los sicarios han seguido matando en plena vía pública y los extorsionadores han continuado asustando a comerciantes y vecinos sin que una mayor presencia policial en las calles los haya disuadido. Como le dijo a este Diario un alto cargo de la policía, “no podemos pretender combatir el crimen organizado, el sicariato y las extorsiones realizando controles de identidad o llenando las calles de policías”.

Lo que corresponde es, pues, que el gobierno entienda que la censura a Romero es un llamado de atención a su manera como ha venido gestionando el problema de la inseguridad ciudadana y cambiar el rumbo. La elección de un ministro del Interior competente sería un buen paso, pero que no servirá de mucho si el Ejecutivo en pleno no entiende que este es un problema que escapa del manejo de un solo sector y que requiere un trabajo coordinado al más alto nivel y el liderazgo de la jefa del Estado.