Editorial El Comercio

Ayer, según pudo confirmar , fue detenido por las autoridades estadounidenses cuando intentaba ingresar a ese país desde México el prófugo empresario . Él, como se recuerda, es el dueño de la casa del pasaje Sarratea, en Breña, que se hizo célebre luego de que el programa “Cuarto poder” revelara que allí acudían el entonces presidente y una serie de funcionarios, congresistas y proveedores del Estado para reunirse furtivamente y lejos de los registros oficiales.

Sánchez se encontraba en la clandestinidad desde noviembre del año pasado, cuando el Poder Judicial ordenó 30 meses de prisión preventiva en su contra por el caso del , en el que se lo señala de haber sido financista y coordinador de la presunta organización criminal que habría operado durante el gobierno de Pedro Castillo y que habría tenido a este último como su cabecilla. En buena cuenta, la fiscalía sostiene que este esquema se gestó tras el paso del expresidente a la segunda vuelta de las elecciones del 2021 –que a la postre terminaría ganando– y que habría tenido como objetivo, en un primer momento, ayudarlo a llegar a Palacio de Gobierno para, posteriormente, infectar el Estado a través del copamiento de entidades claves (como Petro-Perú o los ministerios de Transporte y Vivienda) que luego habrían sido instrumentalizadas para generarles ganancias ilícitas a sus miembros.

Según ha declarado un colaborador eficaz, en ese sentido, Sánchez habría conformado el denominado junto con el ahora preso exalcalde de Anguía Nenil Medina y el también recluido empresario Abel Cabrera. Entre los tres habrían aportado más de S/2 millones a la campaña de Castillo en la segunda vuelta del 2021 y luego habrían sido los encargados de nombrar a personas como Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo en el Ministerio de Vivienda, Juan Silva en el MTC o Auner Vásquez en el despacho presidencial. Según la fiscalía, este trío habría dirigido al menos 34 obras, lo que causó un perjuicio al Estado de S/130 millones.

Sánchez, así, no sería un personaje más de la larga estela de arrestados que vienen dejando las investigaciones contra el gobierno anterior. De hecho, su papel parece haber sido preponderante y, por eso mismo, su detención, al tiempo que es positiva, abre también una serie de interrogantes que deben ser aclaradas por la salud de nuestro país.

En primer lugar, es clave conocer si Sánchez abandonó el territorio nacional gracias al apoyo de la administración que se encontraba en el poder cuando el Poder Judicial : la de Castillo. Esto, además, daría mayores luces sobre cómo han conseguido hasta ahora escabullirse de la justicia otros dos personajes cercanos al gobierno anterior que hasta el día de hoy siguen sin ser localizados: el exministro Silva y el sobrino del expresidente .

En segundo lugar, llama la atención que Sánchez haya sido detenido cuando intentaba pasar hacia Estados Unidos desde México, dado que el presidente de este último país, Andrés Manuel López Obrador, ha sido uno de los de Pedro Castillo, como prácticamente todo el mundo sabe. Por lo que la posibilidad de que el Ejecutivo de Morena haya hecho la vista gorda ante la presencia de uno de los lugartenientes de Castillo en su territorio no parece descabellada.

Pero la interrogante más grande, sin duda, es la que concierne a las investigaciones que el Ministerio Público tiene abiertas contra Sánchez y por las que ahora él deberá rendir cuentas ante la justicia peruana. Porque, aunque el dueño de la hoy embargada casa del pasaje Sarratea haya salido de las sombras, todavía queda por esclarecer todos los detalles concernientes a su participación en la telaraña de corrupción que, según la fiscalía, habría operado en el centro del gobierno mismo entre julio del 2021 y diciembre del 2022 y que él habría contribuido a tejer. Solo resta esperar que su arribo a tierras peruanas sea lo más expedito posible.

Editorial de El Comercio

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