Colaboración con la corrupción

La sola forma en la que fue aprobada recientemente en el Congreso hace sospechosa la ley que modifica las características de la colaboración eficaz. El 22 de junio, efectivamente, al filo de la medianoche y al cierre de la legislatura, la representación nacional le dio luz verde a la iniciativa en cuestión con 83 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

El proyecto había sido ya votado en octubre del año pasado, cuando Pedro Castillo era todavía presidente, y fue rechazado con 54 votos en contra (frente a 39 votos a favor). El actual presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza (Perú Libre), sin embargo, presentó una reconsideración que recién se votó –y aprobó– el 21 de junio pasado y, al ser sometida nuevamente a la consideración del pleno, la iniciativa recibió el respaldo de legisladores de bancadas como Fuerza Popular y APP, que anteriormente se habían opuesto a ella. ¿Qué es lo que explica estos cambios de opinión y, sobre todo, el contexto casi furtivo en el que se produjo la nueva votación? Pues quizás el hecho de que 33 de los congresistas que apoyaron la norma tengan investigaciones fiscales abiertas ofrezca pistas al respecto. Es sintomático, asimismo, que los líderes de los partidos cuyas bancadas inclinaron la balanza a favor de la ley estén siendo investigados por el Ministerio Público por diversos delitos.

Conviene recordar en este punto las razones por las que el instrumento legal que nos ocupa es considerado inconveniente y peligroso por múltiples voces del sistema de justicia, incluidas la de la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato y la de la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado en Casos Seguidos contra Altos Funcionarios de la Procuraduría General del Estado (PGE). Tales voces señalan que, para empezar, 200 procesos de colaboración eficaz en marcha corren el riesgo de caerse. Entre ellos, los que están vinculados al expresidente Pedro Castillo (hablamos aquí de por lo menos 18 colaboraciones en trámite) y también otras relacionadas con casos de narcotráfico, terrorismo, trata de personas y crimen organizado ligado a robos, extorsiones y estafas.

El referido riesgo es consecuencia de tres factores presentes en la iniciativa aprobada por el Parlamento. A saber, el establecimiento de un plazo de ocho meses para cerrar los procesos de colaboración y llegar a un acuerdo (que puede extenderse solo bajo ciertas causales), la obligación de que las declaraciones sean grabadas en audio y video (lo que podría desincentivar a potenciales delatores por miedo a represalias) y la exigencia de que se firme un acuerdo preliminar al inicio de la colaboración en el que se deje estipulado qué beneficios recibirá el delator (en una etapa en la que el fiscal todavía no puede saber si la información suministrada será de calidad).

Para ilustrar el problema ante el que nos encontramos solo con el primero de estos factores, tomemos como ejemplo la colaboración eficaz de Karelim López, fundamental en los casos Puente Tarata III y ‘Los Niños’, e iniciada en febrero del 2022. Habida cuenta de que la nueva norma dicta que las colaboraciones deben cerrarse en ocho meses, todo el proceso tendría que haber estado concluido para octubre del año pasado: un plazo que, a todas luces, habría resultado insuficiente en este caso.

En la medida en que la ley ha sido aprobada por el Congreso, pero todavía no promulgada por el Ejecutivo, esta podría ser observada por este último (y, de hecho, abundan los sectores de la opinión pública que se lo reclaman). El Gobierno, no obstante, no luce muy interesado en hacerlo. Pues mientras varias voces especializadas advierten de los peligros de esta ley, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, le da largonas al tema, respondiendo simplemente “la evaluaremos y daremos un pronunciamiento” cuando la prensa le pregunta sobre el particular. Una actitud que solo puede ser interpretada de dos maneras: o en la actual administración no están dispuestos a comprarse ningún pleito con el Legislativo, o están igual de determinados que en ese otro poder del Estado en hacerle el juego a la corrupción. O, peor todavía, en colaborar eficazmente con ella.