Parlar no cuesta nada

Parlar y parlamentar son cosas distintas. Según el “Diccionario de la lengua española”, una de las acepciones del primero de esos verbos es ‘hablar mucho y sin sustancia’, mientras que el segundo se refiere más bien a la idea de “entablar conversaciones con la parte contraria para intentar ajustar la paz, una rendición, un contrato o para zanjar cualquier diferencia”. De los parlamentarios, como es evidente, la ciudadanía espera esto último y no lo primero. Pero la verdad es que muchos de ellos parecen esmerarse en hacer de su tarea legislativa un homenaje a la cháchara incontinente. De ahí que tantas iniciativas declarativas colmen con frecuencia la agenda del pleno. Y si a eso le sumamos los proyectos que buscan favorecer a grupos de interés particulares en desmedro del resto de los peruanos, tenemos una agenda congresal que se debate entre lo inútil y lo pernicioso.

La práctica que describimos, por otra parte, no es patrimonio exclusivo de esos representantes anónimos que durante los cinco años de su mandato pueden visitar el palacio de la plaza Bolívar sin que nadie note demasiado su presencia. Lamentablemente, caracteriza también a los voceros de las distintas bancadas y hasta a los miembros de la Mesa Directiva. En este caso, por ejemplo, queremos llamar la atención sobre las iniciativas absurdas o deleznables del segundo vicepresidente del Legislativo, Waldemar Cerrón (Perú Libre).

Ya antes nos hemos ocupado aquí de algunos empeños descaminados o directamente aviesos del referido parlamentario. Como aquel que, en teoría, pretendía “evitar la criminalización de las organizaciones políticas” y “promover la protección e intangibilidad de sus respectivos bienes y activos” en caso de que sus militantes, afiliados o fundadores estén inmersos en “investigaciones fiscales y/o sean condenados por cualquier tipo de delito doloso”. En la práctica, de haber sido aprobada, esta ley habría permitido bloquear la posibilidad de que los partidos políticos sean responsabilizados en procesos que impliquen a sus integrantes –como ocurre con Perú Libre respecto de su secretario general y fundador, Vladimir Cerrón, hermano del proponente– y blindar su patrimonio si sus líderes fuesen sentenciados por delitos dolosos. Poco antes de esa iniciativa, presentó también otra para que se pudiesen presentar recursos de hábeas corpus ante cualquier juez, lo que a decir de los especialistas habría significado el retorno al ruleteo: un entorpecimiento de la acción de la justicia que, poco sorprendentemente, habría podido favorecer nuevamente a su hermano, el prófugo Vladimir Cerrón. Y algo parecido puede decirse, por último, sobre su iniciativa para modificar 34 artículos del Código Procesal Penal.

La vocación del hermanísimo del ex gobernador regional de Junín por alentar propuestas descabelladas, sin embargo, no parece conocer límites. El concejo municipal de San Juan de Lurigancho, sin ir muy lejos, acaba de descartar su proyecto para convertir ese distrito en una provincia, apuntando que resulta “lesivo y vulnera la Ley de Demarcación y Organización Territorial, su reglamento y modificaciones”. Y ayer hemos conocido su afán de declarar feriado el 21 de junio en evocación del Año Nuevo andino… aunque él lo expresa de una manera más florida. “La finalidad de la presente ley –reza su proyecto– es [la] de honrar, preservar y resaltar nuestras raíces culturales heredado [sic] por la civilización incaica”.

El Perú, como se sabe, es uno de los países con más feriados de la región, con el costo que eso supone para la generación de riqueza y la educación dentro de nuestras fronteras. Desde luego, es muy probable que su desnortado propósito sea descartado por la comisión legislativa a la que le toque revisarlo, pero eso no daría la impresión de desanimarlo. Ni a él ni a todos los otros congresistas que invierten su tiempo –y el dinero de los contribuyentes– en esa verborrea escrita u oral que finalmente no conduce a ningún puerto estimable. Total, parecen pensar ellos, parlar no cuesta nada.