Ante la confirmación de la llegada del fenómeno de El Niño global, el Ejecutivo anunció dos días atrás las medidas que adoptará en el futuro inmediato a fin de mitigar sus efectos en el territorio nacional. Durante el “Encuentro intergubernamental de preparación ante el fenómeno de El Niño”, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, informó que el Gobierno ha previsto un presupuesto de S/1.446 millones para financiar acciones preventivas en puntos críticos de siete regiones del país. En ese sentido, el dinero, dijo, tendría por propósito “ejecutar lo que nunca se ha hecho”.
Vale la pena, no obstante, revisar el destino que se dará a las distintas partidas que componen el referido monto. En primer lugar, S/975 millones serán derivados al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que deberá llevar a cabo 516 trabajos de limpieza y descolmatación en cauces de ríos y quebradas. Luego, más de S/225 millones serán destinados a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para la construcción de diques. Más de S/48 millones, por otra parte, irán al Ministerio de Vivienda y Construcción, que deberá encargarse de la compra de maquinaria pesada. Y, finalmente, más de S/196 millones serán transferidos al Ministerio de Defensa para la compra de equipos de ingeniería y vehículos de soporte logístico. A propósito de esta última cartera, además, se señaló que se invertirán otros S/486 millones para poner en operatividad 30 helicópteros que puedan atender las contingencias suscitadas por el fenómeno.
Distribuidas por regiones, las intervenciones se proyectan así: 59 en Tumbes (S/67,3 millones), 95 en Piura (más de S/189, 9 millones), 96 en Lambayeque (más de S/192,8 millones), 94 en La Libertad (más de S/105,1 millones), 105 en Áncash (más de S/79,2 millones), 84 en Ica (más de S/69,8 millones) y 86 en Lima (más de S/101,1 millones).
Pues bien, lo importante de las cifras y la cobertura de los trabajos planificados haría pensar sin duda en un esfuerzo distinto a todos los que hemos conocido hasta ahora. Pero, como se sabe, el problema que ha impedido que las autoridades que debieron enfrentar en el pasado el fenómeno que nos ocupa lo hicieran de manera eficaz no ha sido tanto el de la aprobación de partidas presupuestales como el de la ejecución de los proyectos. La ausencia de capacidad técnica y experiencia para materializar lo que los planes prometían ha sido la causa principal de que estos, en su mayoría, quedaran truncos o ni siquiera fueran iniciados. Y eso ha ocurrido en los tres niveles de gobierno.
¿Existe en las recién estrenadas administraciones regionales, locales o nacional –ninguna de ellas tiene más de seis meses– la mínima ‘expertise’ para asegurar que esta vez los desembolsos cumplirán el objetivo deseado? ¿Se han preocupado de adquirir, por lo menos, la asistencia que los provea de los conocimientos de los que carecen?
La historia de maquinaria alineada e inmóvil delante de las dependencias públicas supuestamente encargadas de darles uso puede fácilmente repetirse. Y, si eso se confirmase, no estaríamos ante la puesta en marcha de “lo que nunca se ha hecho”, sino frente a lo que se ha hecho siempre. Esto es, disponer un gasto y anunciarlo con bombos y platillos, para luego terminar lamentando la magra cosecha de resultados. Un escenario, además, en el que la corrupción suele tener la mesa servida para hacer de las suyas.
Es importante que el Ejecutivo tome en cuenta quiénes van a gestionar estos fondos y el uso adecuado de los mismos. Es urgente capacitar a las autoridades que estarán a cargo de esta labor. No podemos repetir los errores del pasado.