Editorial El Comercio

Un informe publicado ayer ha puesto cifras a una situación que muchos intuían: en el actual Parlamento, las comisiones extraordinarias proliferan, son costosas y arrojan pobres resultados. Según revela la nota, a pesar de que el reglamento del señala claramente que tales grupos de trabajo son excepcionales, su número es hoy casi tan alto como el de las comisiones ordinarias (22 frente a 24), y el gasto que han supuesto en planillas en menos de tres años supera los S/8 millones.

En lo que concierne a su ineficacia, cuatro son las características más saltantes: la demora en su instalación, la alta rotación que existe en su conformación, la constante solicitud de ampliaciones del plazo otorgado inicialmente para su tarea, y la escasez o inutilidad en materia de resultados. La comisión investigadora de , por ejemplo, solo fue instalada seis meses después de haber sido creada, ha cambiado a su presidente (una circunstancia que se ha dado también en otras nueve de las 22) y acaba de pedir una ampliación por 60 días. Y, así las cosas, no es de extrañar que muestren una productividad deficiente.

En la mayoría de casos, en efecto, el trabajo de estas comisiones finaliza con un informe que no se traduce en acción específica alguna. Si acaso, eventualmente, en un proyecto de ley que luego se empantana en su camino al pleno. “Reto a cualquiera a que me diga los resultados positivos que han tenido las comisiones especiales de seguimiento a la OCDE y a la Alianza del Pacífico”, apunta al respecto el experto en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi.

Mientras tanto, su colega Carlos Maguiña llama la atención sobre otro problema asociado a los grupos de trabajo que nos ocupan: muchas veces los asuntos a los que se abocan podrían haber sido perfectamente asumidos por alguna de las comisiones ordinarias (no hay que olvidar que estas pueden solicitar facultades investigadoras cuando lo crean conveniente) o requieren un conocimiento del que los congresistas o sus asesores carecen. “Tenemos una comisión investigadora sobre el exceso de plomo en la sangre en Pasco”, recuerda Maguiña. Para luego preguntarse: “¿Qué especialista tiene el Congreso para determinar el nivel de contaminación del plomo?”.

De acuerdo con estos expertos, las comisiones especiales solo se justifican para abordar materias como la elección del defensor del Pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional o los directores del Banco Central de Reserva. Pero la verdad es que resulta bastante improbable que la actual representación nacional se avenga a esas limitaciones, por la sencilla razón de que hablamos de espacios que son vistos por ellos para la repartición de cuotas y puestos para el personal de confianza.

Por último, cabe destacar que las presidencias, vicepresidencias y secretarías de comisiones especiales y extraordinarias sirven de ‘refugio’ a parlamentarios cuestionados por casos como el de o los . Raúl Doroteo y Elvis Vergara (ambos de Acción Popular) presiden, por ejemplo, la Comisión Especial de Riesgo de Desastres y la de Lucha contra el Narcotráfico, respectivamente. En tanto que su correligionaria Hilda Portero y Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), las de Hambre Cero y Cambio Climático. A su turno, Miguel Ciccia (Renovación Popular) ocupa la vicepresidencia de la Comisión Puyungo-Tumbes y la de Seguridad Ciudadana; Nieves Limachi (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) es secretaria de la Comisión de Protección a la Infancia; y Américo Gonza (Perú Libre) encabeza la Comisión Revisora del Código de Ejecución Penal.

Por otra parte, si 22 grupos de trabajo parlamentario de esta naturaleza parecen demasiados, hay que preguntarse por el criterio con el que se puede haber creado el de seguimiento a la Autoridad de Infraestructura (aún no oficializado, pero ya aprobado). ¿Qué beneficios le traerá al país este grupo de trabajo parlamentario? Pues ni sabemos ni podemos siquiera hacernos una idea de ello.

Daría la impresión, en resumidas cuentas, de que lo único extraordinario en estas comisiones es, como ya dijimos, su improductividad.

Editorial de El Comercio

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