Editorial: Cayó la mordaza

Por 6 votos a 1, el Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer inconstitucional la ley que prohibía la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, y con ello ha interceptado un atentado contra la libertad de información y el afán de represalia de un sector del Congreso contra la prensa crítica.

Como se recuerda, la llamada ‘ley Mulder’ (en referencia al parlamentario aprista que la formuló originalmente) fue aprobada por insistencia en junio de este año, poco después de que un irritado Luis Galarreta –entonces, presidente del Legislativo– declarase frente a varios periodistas: “Vamos a aprobar otra ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros”.

La frase fue un exabrupto provocado por los cuestionamientos que los hombres de prensa le estaban planteando en ese momento con relación a la compra de televisores y frigobares para ciertos despachos congresales que la Mesa Directiva encabezada por él acababa de aprobar, pero reveló la función esencial que él y muchos de los que terminaron votando a favor de la norma tenían en mente al alentarla.

La compra de los electrodomésticos en cuestión, dicho sea de paso, fue anulada por la siguiente Mesa Directiva.

Como se sabe, la justificación de la iniciativa que el fujimorismo y el propio Mulder ensayaron sostenía que esta procuraba evitar un dispendio innecesario de los dineros del Estado en promociones y propaganda que bien podía ser colocada en los medios oficiales.

“Así como el gobierno ha dado un decreto de urgencia que busca la austeridad, creo yo que este proyecto también busca que los recursos públicos sean utilizados con prioridad para la construcción de obras y colegios, y no tanto para la utilización del autobombo”, decía por ejemplo la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en mayo de este año.

La verdad, no obstante, es que, como se señaló desde un principio desde distintos sectores de la opinión pública, la prohibición afectaba varios derechos que ahora el TC ha reivindicado. En conferencia de prensa, efectivamente, el magistrado Ernesto Blume, presidente del referido organismo, puntualizó ayer que la ley anulada incurría “en infracción constitucional al vulnerar los derechos a la libertad de información, a la legalidad penal y a la libertad de contratar con fines lícitos”.

Sobre el derecho a la información en particular, además, señaló que el TC lo considera un derecho “que hace núcleo del Estado constitucional” y “fundamental para el funcionamiento de la democracia”. “El pueblo tiene derecho a informarse a través de todos los medios de comunicación, tanto públicos como privados, de lo que acontece en el Estado”, sostuvo Blume, dejando poco margen de duda sobre los abusos en los que la iniciativa incurría.

Así, los que resistían la calificación de ‘ley mordaza’ que muchos atribuyeron a la norma han quedado descolocados y sus reales intenciones al impulsarla, expuestas. Con una actitud que hace pensar en la persistencia de alguna forma de rabia, sin embargo, algunos de ellos amenazan desde ya con fabricar un nuevo instrumento para conseguir lo mismo.

El congresista Mauricio Mulder, por ejemplo, ha anunciado la presentación de un proyecto que vaya más allá de la regulación de la publicidad estatal en los medios privados. “Ahora vamos a incorporar temas que no tienen que ver solo con la prensa, sino con estudios de abogados, ONG, etc. […] No es posible que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene una enorme cantidad de ingenieros, pague a empresas de ingenieros 15 millones de soles”, ha aseverado.

Habrá que ver por cierto en qué consisten sus nuevas propuestas, porque la regulación de un gasto de los dineros del Estado no puede ser considerada mala en sí (la prohibición, en cambio, sí). Mientras tanto, sin embargo, podemos celebrar que la mordaza haya caído y que los objetivos de quienes se esmeraron por someternos a ella hayan sido desactivados por la máxima autoridad constitucional del país.