Sin seguridad no hay confianza

Lo sucedido este fin de semana en Pataz (La Libertad) ha sido una clamorosa evidencia de que el Estado y el gobierno que actualmente lo administra no están cumpliendo con la más elemental de sus obligaciones: proveer de seguridad a los ciudadanos y, por extensión, a las actividades económicas que ellos desarrollan.

Como se sabe, el sábado pasado presuntos mineros ilegales en combinación con integrantes de la organización criminal conocida como Tren de Aragua atacaron un socavón de la minera Poderosa, ubicada en la ya mencionada localidad, y dejaron un saldo de nueve personas muertas y al menos otras 15 heridas. Los atacantes estaban premunidos de armas de fuego y explosivos, que no dudaron en usar, y en determinado momento tomaron también cuatro rehenes. Una auténtica pesadilla que ha enlutado a las familias de las víctimas, a la empresa y a la región en general. Y que, además, afectará la economía del país severamente, pues hará que los potenciales inversionistas dedicados a ese u otro giro se piensen tres veces si vale la pena colocar su dinero en un lugar donde campean la extorsión, el sicariato y mil negocios criminales sin que las autoridades exhiban los reflejos necesarios para poner coto a esa situación.

Por eso, una unánime voz de protesta y alarma se ha levantado entre los gremios empresariales, demandándole al Estado que haga lo que le compete. El reclamo, en efecto, no solo ha provenido de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y la Confiep, sino que ha comprendido también a la Sociedad Nacional de Industrias, a la Cámara de Comercio de Lima, Adex, Cómex-Perú, la Sociedad Nacional de Pesquería y otras. Y la razón es muy sencilla: aparte de expresar solidaridad con quienes han sido afectados en esta oportunidad, es importante para estas organizaciones poner sobre el tapete las amenazas que vienen también afectando a quienes pertenecen a sus respectivos sectores.

Los delitos a los que hemos aludido no solo se manifiestan en la minería. Lo hacen también en la agricultura, la pesca, el comercio, las exportaciones y un largo etcétera de actividades centrales para el desarrollo de nuestra economía. Un informe publicado este domingo en el suplemento ECData de este Diario ha revelado que, de acuerdo con cifras del propio Ministerio del Interior, al cierre del 2022, de las 1.323 comisarías básicas que operan a escala nacional, 926 tienen edificaciones defectuosas. Por lo que no es de extrañar que las empresas grandes, en su enorme mayoría, se vean obligadas a procurarse seguridad de manera privada: un servicio que debería estar cubierto por los impuestos que pagan.

La reacción del gobierno ante este dramático escenario es, por otra parte, tardía, cansina y, esencialmente, retórica. Tras el ataque de este fin de semana, la presidenta Dina Boluarte ha declarado: “Lamentamos mucho esta situación en Pataz”. ¡Como si hubiese sido un suceso fortuito en el que el Ejecutivo no tuviera responsabilidad alguna! ¿No estamos hablando acaso de una zona en emergencia desde tiempo atrás? ¿No le correspondía al sector Interior prever un trance como este y tener fuerzas desplegadas de antemano para evitarlo?

No ha pasado ni un mes desde que, en CADE Ejecutivos de este año, el ministro de Economía, Alex Contreras, llamó a los empresarios a acabar con el “pesimismo absurdo” y a que “vuelvan a creer en el Perú”. “El margen [de acción] del gobierno es limitado”, dijo. Y había un grano de verdad en sus palabras… Pero dentro de los límites de lo que el gobierno no puede, sino tiene que hacer está la provisión de seguridad.

Sin seguridad, como es obvio, no hay confianza, y sin confianza no hay ni habrá inversión. A un año de haber llegado al poder, la actual mandataria ya no puede seguir tratando de culpar de todas las carencias visibles en el Estado al expresidente Pedro Castillo y a sus secuaces. La responsabilidad de poner remedio a esta grave circunstancia es suya y el país se lo demanda.