Se fue

Ayer, después de una sesión del Consejo de Ministros, Víctor Torres Falcón anunció que dejaba la cartera del Interior, un encargo que venía cumpliendo desde el 21 de noviembre del año pasado con no pocas turbulencias creadas por sus propias decisiones y por la grave crisis de seguridad ciudadana que atraviesa el país, “la mayor de toda nuestra historia republicana”, según la calificó el exministro Rubén Vargas semanas atrás en este Diario.

“Yo he coordinado con la señora [Dina Boluarte] y me voy; he pedido y la señora ha accedido”, reveló Torres en declaraciones a los reporteros apostados en los exteriores de Palacio de Gobierno. Afirmó, además, que su salida estaba motivada por “un problema familiar de salud” y aprovechó la oportunidad para criticar a los medios de comunicación. “De repente mi cara no les gustó [a los periodistas], pero yo soy así: digo las cosas de frente, hago y no paro hablando”, sostuvo.

No es la primera vez que Torres Falcón cuestiona la labor de la prensa, a la que llegó a culpar de la “percepción” que la mayoría de la población –a juzgar por las encuestas– tiene sobre el desborde de la criminalidad en el país. En la noche del domingo, sin ir muy lejos, argumentó que en países vecinos en los que la inseguridad ciudadana es mayor, “por el manejo que tienen con los medios de comunicación, hacen ver lo contrario por el bien de su país”, mientras que en el Perú estos “no colaboran mucho”. “Cuando hay un hecho criminal, en un día lo replican 16 veces; cuando hay una intervención buena de la policía, creo que lo anuncian una sola vez; eso es lo que vende, lo malo”, añadió.

En la misma entrevista ofrecida al dominical “Panorama”, el ahora exministro del sector aseguró además que se felicitaba “por haber llevado nuevamente a la Policía Nacional el tema de la investigación que [durante] 19 años estuvo fuera” y que en cuatro meses era imposible obtener resultados en la lucha contra el crimen. Nadie, por supuesto, podría culpar a un ministro del sector por no haber conseguido erradicar el delito de nuestras calles en tan poco tiempo. Lo que sí puede atribuírsele es la falta de una estrategia para hacer frente a este problema que se ha traducido en una insistencia de los estados de emergencia a lo largo del país, en lo que parece la única política en la que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha sido consistente.

Mientras un ministro del Interior se niegue a aceptar que el país atraviesa un desborde de la criminalidad, que las organizaciones criminales controlan además varias parcelas del territorio nacional, y afirme, por el contrario, que todo es culpa de la prensa que difunde casos de sicariato, extorsión y robos en manada casi a diario, es muy difícil que entienda la magnitud del problema que tiene entre manos y, por lo mismo, que pueda dar una solución factible.

No olvidemos además que Torres había salido bastante calcinado del escándalo que supuso el pase al retiro del comandante general de la PNP Jorge Angulo en enero pasado, al que el Gobierno argumentó que sacaban debido a la ineficacia de los estados de emergencia que sus propios integrantes promueven tanto.

Finalmente, aunque la salida de Torres se caía de madura, es preocupante que esta administración vaya a sumar ya a su quinto ministro del Interior en 16 meses y al duodécimo desde que inició este quinquenio en julio del 2021. Con una rotación así, como es evidente, ninguna estrategia podrá implementarse y, en consecuencia, se terminará favoreciendo al delincuente. La culpa, sin embargo, no es de la prensa que informe sobre los episodios de criminalidad, sino de una presidenta y de un jefe del Gabinete que no han sido capaces de elegir bien a sus acompañantes. Ojalá que esto empiece a cambiar, pues el país ya no está para ministros incompetentes y, peor aún, reacios a reconocer la crisis que atraviesa.