Editorial El Comercio

La discusión sobre si el gobierno de es una dictadura resulta a estas alturas ociosa. Si el régimen impuesto por lo era, nunca hubo forma de que su prolongación bufa –pero no por ello menos represiva– evitara serlo. Y la persecución y tortura de los opositores, el estrangulamiento de la prensa independiente y la supresión del equilibrio de poderes que caracterizaron el paso del referido exgolpista por el Palacio de Miraflores no dejaron margen de duda al respecto.

Sin embargo, desde la época de Chávez y hasta ahora, siempre ha habido gobiernos latinoamericanos dispuestos a mirar hacia otro lado ante las evidencias clamorosas de que eso era y es así. Y no han sido pocos los que, en el clímax de la ignominia, han intentado incluso formular coartadas y justificaciones para lo que sucede en el país caribeño: una actitud esperable de parte de otras dictaduras, como la de en Cuba o en Nicaragua, pero insólita e indignante cuando es adoptada por administraciones democráticas, como las que existen en Brasil y Argentina. Como ha permitido confirmar lo sucedido recientemente con en , no obstante, los gobernantes de esos países parecerían determinados a no dejar pasar oportunidad alguna para ratificar su vocación de comparsa hacia la tiranía de Maduro.

Como se sabe, Machado es desde hace tiempo una de las representantes más importantes de la oposición al chavismo, y estaba por participar en las elecciones primarias del 22 de octubre que celebrará ese vasto sector político para definir quién será su candidato en las elecciones presidenciales del 2024. competirán en ese proceso interno, pero Machado era y es con largueza la favorita a alzarse con el triunfo. Un premio, seguramente, a la entereza y resolución que ha mostrado al no sentarse nunca a negociar con el enemigo.

Pues bien, en la aplicación de un recurso de manual de las satrapías latinoamericanas, ella y otras figuras opositoras por la Contraloría General de Venezuela –es decir, por Maduro– para ocupar cargos públicos por 15 años. ¿La excusa? Su participación en “actos que atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”, así como su involucramiento en la supuesta “trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó”.

Por si cupiesen dudas sobre el alineamiento de la contraloría con el gobierno chavista, la sola retórica utilizada en el comunicado bastaría para despejarlas. Pero, además, estamos ante un recurso del que ya echó mano anteriormente Maduro (Machado había sido ya prohibida de participar en cualquier elección en el 2015) y que constituye el transparente manotazo de quien quiere imponerse en una lid electoral a fuerza de sacar a sus rivales de la carrera.

La transparencia del atropello, empero, no les ha movido un pelo a los eternos apañadores de la dictadura llanera. Mientras que los gobiernos de, por ejemplo, Uruguay, Paraguay o Chile no se han demorado en condenar lo ocurrido, Argentina y Brasil han hecho, una vez más, la vista gorda. Tras escuchar las denuncias de los presidentes Luis Lacalle y Mario Abdó durante la Cumbre de Mercosur en Buenos Aires, , en efecto, se fue por la tangente con un argumento que atribuye la responsabilidad de los refugiados venezolanos en su país a “las sanciones económicas que Venezuela ha padecido”, mientras que alegó que no conocía los pormenores del episodio. Una circunstancia inverosímil en un mandatario tan comprometido con la suerte política de Maduro, pues no conviene olvidar que hace poco más de un mes aseverando: “Me pareció la cosa más absurda del mundo que los que defienden la democracia negaran que usted era el presidente de Venezuela habiendo sido elegido por el pueblo”.

Si, como decíamos al principio, la discusión sobre la naturaleza dictatorial del régimen chavista es a estas alturas ociosa, el afán por desentenderse de sus evidentes manifestaciones es complicidad.

Editorial de El Comercio