Callar y blindar

Los miembros de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú tienen una actitud cambiante cuando de fiscalizar a quienes forman parte de la representación nacional se trata. Ante denuncias de todo tipo que comprometen a congresistas de otras bancadas, son los primeros en exigir investigaciones y medidas de asepsia política. Pero si los comprendidos en un destape o escándalo pertenecen a su propio grupo parlamentario, se tornan contemplativos.

Pruebas al canto. Los congresistas Roberto Sánchez e Isabel Cortez han exhibido un justificado celo cuestionador frente a las acusaciones que pesan sobre el presidente del Legislativo, Alejandro Soto (APP), pero a propósito del caso Los Operadores de la Reconstrucción, en el que eventualmente estaría involucrado su compañero de bancada Guillermo Bermejo, no parecen inquietarse. Como se sabe, el testimonio de más de un testigo señala a Bermejo como pieza central en el presunto cobro de coimas relacionadas con obras ejecutadas en diversos lugares del país, por lo que ya hay voces que demandan hacerlo objeto de una indagación fiscal. La presunción de inocencia es, desde luego, un derecho que asiste y asistirá al legislador en cuestión mientras las sindicaciones que lo atañen no sean investigadas y probadas, pero lo que ocurre en el plano político es harina de otro costal. Y es ahí donde se notan las distintas varas con las que en la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú miden circunstancias similares.

Según el parlamentario Sánchez, en efecto, tras haberse beneficiado con una ley por la que votó y por encontrarse en medio de una tormenta de denuncias, Soto “debe evaluar [su situación] con honestidad y franqueza, y dar un paso al costado”. Y de acuerdo con Isabel Cortez, simplemente debería “convocar a la elección de un nuevo presidente” del Congreso. Con respecto al trance por el que atraviesa Bermejo, en cambio, ellos guardan silencio o arguyen que no pueden adelantar opinión mientras no haya “una investigación bien formal de la fiscalía o una sentencia”.

No son Sánchez y Cortez, por otra parte, los únicos miembros de la bancada que se debaten entre callar y blindar a su compañero. Al ser interrogadas por la prensa, Nieves Limachi y Ruth Luque han ensayado sus propias respuestas evasivas. La primera ha argumentado que la bancada –de la que ella es vocera alterna– no ha discutido el caso y que “ya la vez pasada [Bermejo] dijo que no tiene nada que ver con lo que hacen los dirigentes”; mientras la segunda ha advertido que “hasta ahora solo sabemos cosas por noticias” y que “cuando haya mayor profundidad de lo que la fiscalía investigue […], se sabrá más sobre lo que ha sucedido”. Intervenciones, a decir verdad, que oscilan entre el galimatías y el Perogrullo.

Completan el equipo parlamentario del que hablamos Sigrid Bazán, Susel Paredes, Edgar Reymundo, Luis Kamiche y Hamlet Echeverría. Y al cierre de esta edición, no se conocía pronunciamiento alguno de parte de ellos sobre la materia.

Mención aparte merece el manido recurso –desplegado también en esta oportunidad– de recordar que una persona bajo la lupa se “ha allanado” o se “ha puesto a disposición” de las instancias que quieran investigarla. En este y en otros casos que involucran a autoridades de alguno de los tres poderes del Estado, este detalle ha sido traído a colación como si se tratase de un mérito, cuando en realidad no lo es. ¿Es que acaso Bermejo o cualquier otro congresista en una situación semejante a la suya (como, por ejemplo, Alejandro Soto) podría resistirse a las eventuales pesquisas? Obviamente, no. De lo que se sigue que el pretendido “allanamiento” es solo una forma de presentar lo inevitable como una concesión.

Un comportamiento, en fin, lamentable de los integrantes de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú. Pero lo que ellos no parecen haber notado hasta ahora es que, contrariamente a lo que pretenden, los silencios y los blindajes son la forma más transparente de mostrar aquello que en origen se pretendía ocultar.