Editorial: Orden en la despensa

El lunes de esta semana, con el voto de la mayoría de sus integrantes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resolvió que Luis Galarreta fuese el encargado de calificar las cuatro denuncias contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry pendientes de evaluación en ese grupo de trabajo parlamentario.

La decisión ha quedado luego sin efecto habida cuenta de que el antiguo titular del Ministerio Público no fue notificado a tiempo de la pesquisa, pero volverá a ser abordada en la próxima sesión de la referida subcomisión, el lunes entrante. Y como el problema que la afectó fue de procedimiento, no es descabellado asumir que será ratificada.

Existen, sin embargo, razones de peso para preguntarse si no debería más bien aprovecharse la oportunidad para reconsiderarla. Sobre todo porque Galarreta ha exhibido reiteradamente una actitud contraria a la sola posibilidad de investigar a Chávarry que hace dudar de la imparcialidad con la que tendría que enfrentar la responsabilidad que se le quiere encargar. Recordemos.

Poco después de que Chávarry jurase como fiscal de la Nación, el 20 de julio del año pasado, se puso en evidencia que había mentido a propósito de una reunión con periodistas que el empresario Antonio Camayo (hoy aspirante a colaborador eficaz) y el ex juez César Hinostroza (hoy detenido en España) le organizaron para contrarrestar la mala prensa que supuestamente le hacían “los caviares”. Pero desde la víspera a su asunción del cargo, además, se habían divulgado audios de conversaciones telefónicas en las que se apreciaba su cercanía al ya mencionado ex magistrado: una situación incómoda para él que determinó que el gobierno anunciase que el presidente Vizcarra no acudiría a la ceremonia.

Pues bien, una instrucción de Keiko Fujimori transmitida ese día a Galarreta (que en ese momento era todavía presidente del Congreso) a través del chat La Botica proporciona un contexto dentro del que pueden interpretarse sus gestos posteriores. La instrucción decía: “Lucho, es importantísimo que asistas a la juramentación”. Y fue obedecida.

En una entrevista publicada en “Perú 21” dos días después, el legislador que nos ocupa declaró: “Por una campaña montada, donde salen los mismos de siempre a despotricar contra él, no va a dejar de jurar”.

Más sugerentes, no obstante, han sido sus votaciones en la Comisión Permanente cuando las distintas denuncias en torno al ex titular del Ministerio Público han sido ventiladas. Así, el 15 de octubre del año pasado, votó a favor del acuerdo adoptado previamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para rechazar el informe final de la denuncia constitucional 227 contra Chávarry. Y el 11 de febrero de este año, en contra de las sucesivas cuestiones previas para declarar procedentes la denuncias constitucionales 262, 239 y la calificación que había declarado improcedente la 270. Estas tenían que ver, respectivamente, con la presunta pertenencia del ex fiscal de la Nación a una organización criminal, con el caso de sus notas adulteradas, el plagio de tesis que se le atribuía y otras “mentiras arteras a la ciudadanía” y, otra vez, con la “comisión del delito contra la tranquilidad pública-organización criminal”.

La disposición indulgente de Fuerza Popular en general hacia Chávarry ha sido largamente motivo de suspicacias (difícil olvidar, en ese sentido, la famosa entrevista a Keiko Fujimori del 26 de agosto del año pasado en la que, a propósito del engaño que ya se le había probado a aquel, sostuvo que “las mentiras hay que también entenderlas en su propio contexto”), pero aun dentro de ese conglomerado político, la posición de Galarreta tendiente a favorecer a quien ahora se propone investigar es prominente.

¿Resulta razonable entonces que sea él la persona responsable de calificar las denuncias que pesan sobre el ex fiscal de la Nación en esa especie de despensa de la probidad de los funcionarios de primera línea que es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?

Un mínimo ejercicio de sensatez sugeriría que no. Y si el fujimorismo quiere hacer verosímiles sus recientes promesas de cambio de actitud fuera y dentro del Congreso, debería acoger la recomendación.