Editorial: Los intrusos

“Portando metralletas cuchillos petardos explosivos y bandera roja con vestidos destintos y llegaron intrusos elementos extraños a la comunidad –sacando casa en casa a los comuneros aun cabildo obligando con amenazas de muerte se les escuche sus falsas promesas de justicia social” (sic). 

Difícil para cualquiera que lea esas líneas –en las que se describe escuetamente el violento ingreso de huestes senderistas a un pequeño poblado ayacuchano en la década de los ochenta– imaginar que fueron escritas por un simpatizante del movimiento de Abimael Guzmán. Por el contrario, reflejan desconfianza, rechazo y miedo ante los “intrusos”. 

Decimos difícil imaginarlo para cualquiera ajeno a la particular concepción del Ministerio Público y de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote). El texto forma parte de las 34 obras que el Ministerio Público ordenó incautar, en medio de una investigación policial, por considerarlas sospechosas de apología del terrorismo. Como se sabe, estas piezas de arte –31 pinturas de la Asociación de Artistas Populares de Sarhua, dos textiles del ayacuchano Edwin Sulca y un retablo de Nicanor Jiménez– fueron enviadas al Perú en octubre del año pasado por la asociación Con/Vida Popular Arts of the Americas como donación al Museo de Arte de Lima (MALI). Muchas de ellas retratan con crudeza las duras experiencias de comunidades ayacuchanas en las épocas del senderismo.  

No hay nada que indique que las obras en cuestión tengan más de apología del senderismo que lo que la Guernica de Pablo Picasso –obra que retrata el sufrimiento del pueblo homónimo durante la guerra civil española– tiene de fascista. Sin embargo, desde octubre hasta enero del presente año, las obras permanecieron en custodia de las autoridades mientras se inspeccionaba su aparente carácter sedicioso.  

La lucha contra los remanentes senderistas y la nefasta ideología que los acompaña es un asunto sumamente serio, y es por eso mismo que preocupa sobremanera la desorientación al respecto que han exhibido cierto sector de la prensa, determinados políticos y, sobre todo, las autoridades responsables de esta lucha al momento de identificar sus objetivos.  

El trabajo policial y del sistema de justicia para enfrentar potenciales brotes terroristas tiene una agenda mucho más importante que la de requisar obras de arte de los afectados. Las herramientas legales para hacer frente por la vía institucional a iniciativas como el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) son aún deficientes. Los esfuerzos para apaciguar el Vraem –zona en la que los terroristas operan en alianza con las redes de narcotráfico– no han dado los resultados deseados y siguen costando las vidas de valientes militares y policías. Mientras tanto, algunos jóvenes son todavía convencidos por personas que reclaman libertad para los terroristas que hoy sirven condena llamándolos “presos políticos”. 

Y es por esto último –el enfrentamiento a nivel ideológico e histórico– por lo que se hace especialmente relevante el episodio aquí contado de las obras de arte requisadas. La batalla final contra los últimos senderistas se ganará con armas, con leyes, pero sobre todo con el apabullante peso de la verdad histórica sobre lo que realmente sucedió en esos sangrientos años. Ocultar esta verdad –por desconfianza exacerbada o incomprensión– es muy cercano a hacerle un favor a la causa senderista. 

El MALI ha anunciado que las obras no serán exhibidas en tanto no se levanten las investigaciones, hecho que esperamos suceda pronto. Quizá, a fin de cuentas, todo este trance sirva para darle mayor exposición a una perspectiva de la historia que es importante atender. Así, el efecto de la incautación sería exactamente contrario al propuesto por las autoridades. Por esta vez, felizmente.