Editorial: Citas que no se necesitan

Ayer, el Congreso comenzó a interpelar a la ministra de Economía, María Antonieta Alva (se espera que el proceso termine el lunes, habida cuenta de que hablamos de dos pliegos que suman en conjunto más de 80 preguntas). Como hemos reconocido varias veces, la interpelación es una herramienta no solo válida, sino medular para el balance de poderes que, bien usada, puede ser útil para la ciudadanía. Sin embargo, y aun cuando haya críticas válidas que hacerle a la funcionaria en cuestión por el desempeño de su sector durante la emergencia, hay algunas interrogantes que simplemente carecen de sentido.

Como bien señalaba ayer nuestro colega Martin Hidalgo, algunas ‘preguntas’ (“¿Usted cree que S/760 de bono rural alcanzarán para sobrevivir durante todo el año? Porque si responde que sí, entonces dígame en qué país vive para contarle nuestra historia”) parecían simplemente ataques frontales contra la ministra antes que interrogantes formuladas a partir de preocupaciones legítimas.

Pero más allá del caso de la ministra Alva, hay otros miembros del Ejecutivo que, eventualmente, podrían terminar siendo citados al Legislativo. Y si bien en algunos casos estas citaciones parecen tener cierto sustrato, en otros, en cambio, el empeño luce francamente inútil. Y es necesario advertirlo desde ahora.

Sobre lo primero, en los últimos días se ha barajado la posibilidad de interpelar al ministro del Interior, Jorge Montoya, a raíz de la tragedia en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos en la que 13 jóvenes perdieron la vida. Como sabemos, inicialmente el ministro defendió una versión que no se condecía con la realidad (la de que los policías no habían cerrado la puerta del local) y, ya puesto en evidencia por las cámaras del establecimiento, ha argüido que recibió “información falsa”. Tener a un ministro al que sus propios subordinados pueden timar con tanta candidez no puede servir para darle tranquilidad a nadie en el país. Peor ahora que sabemos que un peritaje de la fiscalía ha advertido de que alguien (posiblemente, un policía) intentó eliminar las grabaciones de esa fatídica noche.

Sobre lo segundo, ha trascendido que también se buscaría impulsar una moción contra el canciller Mario López, por el nombramiento de Vicente Zeballos como embajador del Perú en la OEA. Es cierto que el único ‘mérito’ que parece sostener la designación de Zeballos es haber sido leal a este Gobierno en todo momento, pero querer llevar a un ministro ante la representación nacional por esto es un poco exagerado; más aún cuando el nombramiento de Zeballos fue potestad del presidente Martín Vizcarra.

Un caso aparte es justamente el del mandatario, que ha anunciado que no se presentará ante la Comisión de Fiscalización, que lo citó para que respondiera sobre los generosos contratos de Richard Swing en el Ministerio de Cultura. Según ha argumentado en un documento el Ministerio de Justicia, el presidente no está obligado a asistir a dicha cita; sin embargo, la realidad es que este caparazón legal no debería ser excusa para que se niegue a comparecer ante los parlamentarios. Máxime cuando el mandatario no solo ha sido brumoso al momento de aclarar su participación en el Caso Swing, sino que, además, ha sido tercamente renuente a pronunciarse sobre otros temas que ameritan sus explicaciones, aunque sea ante la prensa, como los contratos con el Estado de sus ‘amigos tenísticos’, de la hermana de la expareja de la secretaria del despacho presidencial, Mirian Morales, y otros igual de preocupantes.

En fin, sería ideal, por un lado, que desde el Ejecutivo se muestren más predispuestos a reconocer sus errores y a manejarse con mayor transparencia. Y, por el otro, que desde el Congreso también distingan mejor cuándo están haciendo uso razonable del control político y cuándo, por el contrario, están echando mano de este solo para vapulear o escarnecer al Gobierno bajo la mascarada de ‘inquisidores intransigentes’. Está en manos de ambos ahorrarle al país tantas citas inútiles.