Editorial: El colaborador esquivo

En este Diario nos hemos manifestado reiteradas veces en contra de la eventual vacancia presidencial por incapacidad moral permanente que persigue un sector del Congreso, y lo seguiremos haciendo. Consideramos, en efecto, que lo conocido hasta ahora de los casos por los que cuatro aspirantes a colaboradores eficaces acusan al actual mandatario de haber recibido pagos ilegales cuando era gobernador regional de Moquegua es insuficiente para poner al país en una situación tan extrema; menos todavía, en el contexto de una pandemia como la que hoy nos agobia y cuando estamos a solamente cinco meses y días de las nuevas elecciones.

De manera igualmente rotunda, sin embargo, nos hemos pronunciado a favor de que el jefe del Estado sea investigado desde ya y dé explicaciones públicas acerca de los asuntos que complican en este momento su situación frente a la ciudadanía. Él mismo, en realidad, ha anunciado en más de una ocasión que quiere contribuir con las investigaciones de la fiscalía y no esperar hasta el final de su mandato para prestar las declaraciones que le tocan. Pero, como se sabe, existe una considerable distancia entre ofrecer una colaboración de ese tipo y cumplir con ella. Y el presidente Vizcarra parece incapaz de recorrerla.

Si de adoptar un gesto político que acabase con las dudas sobre su voluntad de esclarecer las cosas se trataba, asistir a la citación que el fiscal Germán Juárez Atoche le había cursado para este martes 3 habría sido evidentemente lo ideal. Más allá de los incordios que existen en el Ministerio Público por determinar cuál debería ser la instancia a cargo de investigarlo, su disposición a responder las veces que hiciera falta a las interrogantes en torno a los hechos de corrupción que se le imputan habría enviado el mensaje de que no tiene nada que ocultar.

El mandatario, no obstante, optó por algo distinto. A saber, enviar –un día antes de la cita– un oficio con el membrete de la Presidencia de la República a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que definiese cuál sería la fiscalía llamada a realizar las indagaciones que le conciernen, y no asistir a dar la declaración que se le demandaba, con lo que se convirtió, en la práctica, en un colaborador algo esquivo.

Si sumamos a esto otros datos inquietantes, como el de la denuncia del aspirante a colaborador eficaz N° 01-2019 a propósito de un presunto seguimiento policial (un vehículo del Ministerio del Interior estacionado frente a su casa) y de la aparición de drones en el jardín de su domicilio, el cuadro es alarmante.

El sector a cargo del ministro César Gentile divulgó ayer un comunicado en el que se rechazaba “tajantemente cualquier acto ilegal de seguimiento a ciudadanos que se encuentran incursos en investigaciones o diligencias fiscales”, pero al mismo tiempo se señalaba que “se ha dispuesto que la Inspectoría General de la Policía Nacional realice las acciones correspondientes con el fin de […] verificar la corrección de los procedimientos aplicados por el personal policial”. De lo que se desprende que en ese despacho no saben todavía a ciencia cierta si los hechos materia de la denuncia sucedieron.

Es obvio, además, que mientras el cuadro que describimos continúe vigente –y, en consecuencia, pesando en el ánimo de los congresistas–, la situación del presidente Vizcarra en el debate y votación de la moción de vacancia que pende sobre él, este lunes, será más difícil de lo necesario. Y si él no se quiere ayudar, habrá que hacerlo desde afuera.

Cómo decíamos al principio, en este Diario nos hemos opuesto a la iniciativa de vacancia presidencial y lo seguiremos haciendo. Pero eso no nos inhibirá ni de continuar reportando las denuncias que puedan aparecer en el camino contra el jefe del Estado ni de reclamarle que asuma respecto de ellas una actitud acorde con lo que ha ofrecido en todas sus presentaciones públicas. La verosimilitud de su integridad moral está en juego, y eso es muy delicado.