Editorial: Urgencia de mediano plazo

Los resultados económicos de la primera mitad del año han sido, en varios aspectos, sorpresivamente buenos. La inversión privada, el empleo formal, la inversión pública y la actividad económica en general se han mostrado más vigorosos de lo esperado a inicios de año. De hecho, durante este período, la economía nacional sería una de las que más habría crecido en la región. En parte por ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) publicado ayer, vio conveniente revisar su proyección de crecimiento del PBI del 2018 de 3,6% a 4%. Ello es una buena noticia, alineada con los últimos resultados económicos y las expectativas de los analistas.

El MMM, además, intenta anclar no solo las expectativas sobre el crecimiento económico, sino también –y quizá sobre todo– las expectativas sobre los ingresos fiscales y el gasto público. En línea con el mayor dinamismo económico y otros factores más transitorios, como las menores devoluciones tributarias, la recaudación fiscal ha venido al alza y se espera que este año los ingresos del gobierno general crezcan 10,6%.

Sin embargo, a pesar de los mayores ingresos, el reto de alcanzar la meta de déficit fiscal (la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado) de 1% del PBI hacia el 2021 sigue siendo complejo. La reducción del déficit es importante porque demuestra el compromiso del gobierno con un manejo económico responsable que no pase factura a la credibilidad del país ni a la sostenibilidad de sus finanzas en los siguientes años. Para el 2018, la brecha sería de alrededor de 3% del PBI, en parte debido a los gastos en la reconstrucción del norte que son extraordinarios, pero resulta fundamental irla acortando. Así como los hogares no pueden gastar mes a mes más que sus sueldos o ingresos totales, el Estado tampoco puede vivir largamente por encima de sus ingresos fiscales.

Cerrar esa diferencia dependerá de varios factores –como el crecimiento económico de los siguientes años y los menores gastos fiscales–, pero sobre todo de los cambios de política que se logren construir desde el Ejecutivo y el Legislativo. De los 2 puntos porcentuales del PBI por reducir en el déficit en los siguientes tres años, 1,1 puntos dependerían, según el MEF, de las “medidas por aprobar”.

No obstante, el MMM no es particularmente explícito respecto a la hoja de ruta para conseguir el objetivo de consolidación fiscal. Comentando el documento, el Consejo Fiscal (CF), institución que realiza un análisis técnico independiente, señala que es “vital la implementación de medidas de política tributaria que permitan cumplir con la senda de ingresos prevista al 2022” y “dado que estas medidas no han sido sustentadas en el MMM”, se sugiere evaluar “la adopción de medidas de política tributaria complementarias”.

Queda claro que el camino a seguir pasa por reducir ciertas exoneraciones tributarias (las de la Amazonía, por ejemplo, resultan particularmente onerosas y con poco impacto en la práctica), combatir la elusión y la evasión, ampliar la base tributaria, ordenar los regímenes para las mypes, entre otras, y el MEF así lo reconoce. Para ejecutar esto, no obstante, se necesitará no solo un plan detallado de implementación, sino también construir legitimidad con la población afectada y acuerdos con el Congreso.

Este último, por su lado, ha representado en ocasiones lo opuesto a un aliado en la labor del control del gasto público y en el incremento de la recaudación tributaria. No han sido pocas las ocasiones en las que hemos remarcado en estas páginas la vocación del Legislativo por exceder sus funciones y aprobar lo que parecieran iniciativas de gasto, lo que representa un gran riesgo a la consolidación fiscal proyectada.

Así, mucho de la proyección del MEF depende en realidad del espacio político que pueda construirse el Ejecutivo y de la responsabilidad que puedan exhibir otros actores. Los buenos vientos económicos que soplan hoy hacen la tarea menos complicada, pero no por eso menos urgente.