A pesar de las abundantes críticas que recibió la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, por las decisiones –o indecisiones– de su despacho durante el año pasado, su relación con el sector empresarial había mantenido tonos amables y cordiales. Pero posiblemente la señal de distanciamiento más potente ha llegado ya esta semana en forma de un aumento de impuestos.
El MEF anunció que, a partir de marzo, los montos fijos de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) subirán para los cigarrillos, el tabaco recalentado y las bebidas alcohólicas. A inicios del 2023, cuando tocaba un ajuste del ISC dada la inflación del período anterior, el ministerio decidió suspenderlo por el difícil contexto que atravesaba el país entonces. De este modo, la actualización de este 2024 incluiría el aumento acumulado por dos años previos.
El golpe puede ser duro para las empresas cuyas ventas están vinculadas a estos bienes. La Cámara de Comercio de Lima advirtió que la medida afectaría la recuperación económica, con especial impacto sobre pequeños negocios. La Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú indicó que “los productos gravados con el ISC representan entre el 25% y 30% de las ventas en restaurantes. Un aumento como el que acaba de efectuar el MEF afecta directamente nuestros ingresos y la subsistencia de nuestros negocios”. En el mismo sentido se pronunciaron la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Asociación de Bodegueros del Perú, entre otros representantes empresariales. Preocupaciones adicionales incluyen el incremento del contrabando al encarecer los productos formales afectos al ISC, y el incentivo para consumir bebidas con mayor carga alcohólica (con efectos negativos sobre la salud).
Nadie puede objetar que el MEF tiene la facultad –legal y legítima– para subir el ISC. En la medida en que la fecha y el monto de los incrementos son parte de las reglas conocidas por todos los participantes, no se puede acusar al ministerio de atentar contra el marco institucional. Sin embargo, sí queda incertidumbre sobre la gradualidad de la medida: el ministro Contreras anunció que el ajuste sería progresivo –trimestre a trimestre–, pero este cronograma aún no está listo. Además, representantes empresariales acusan al MEF de haber sido poco claro en la comunicación sobre estos incrementos.
Vale recordar que el ISC es un impuesto de aplicación casi inmediata, y cuyo monto o tasa, a diferencia de otras como la del IGV o del Impuesto a la Renta, depende exclusivamente de la voluntad del Poder Ejecutivo (el Congreso no tiene prerrogativa aquí), lo que hace más importante ser muy claro y predecible con la forma de los incrementos.
Más allá de esta discusión, el tema de fondo es que el MEF, con el ministro Contreras a la cabeza, no logra todavía encontrar la forma de impulsar el apetito por la inversión privada en el país, y más bien consigue en ocasiones asustarla. Luego de su fallido –y poco elegante– amago de renuncia a inicios de año, la percepción general es que el titular de la cartera viene ya con los días contados, lo que coloca una sombra permanente sobre sus decisiones.
El ministro Contreras, conviene aclarar, no es la pata más floja del Gabinete que lidera Alberto Otárola (para eso se puede apuntar, por ejemplo, al Ministerio de Energía y Minas, o del Interior), pero eso no implica que refrescar el equipo de gobierno con un nuevo titular del MEF no pueda ser una buena señal para lo que resta del año, ISC o no.