Aulas bajo amenaza

La atención respecto de las víctimas de extorsión ha estado centrada principalmente sobre el sector transporte por obvios motivos. Bodegueros y otros pequeños negocios también han merecido espacio relevante.

Pero quizá sea la penetración del pago de cupos y violencia en el sector educación el que ilustra con mayor nitidez el nivel de deterioro. Según publicó ayer la Unidad de Investigación de este Diario, decenas de colegios vienen siendo extorsionados en distintas ciudades del país. La Asociación de Colegios Privados (Anacopri) registra 172 colegios particulares extorsionados, pero el número real probablemente sea bastante mayor. Los delincuentes piden sumas que van entre S/10.000 y S/20.000, con diferente periodicidad. Los centros educativos más afectados en Lima serían los de distritos como San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte y otros de Lima norte, y en Trujillo los de zonas como La Esperanza y El Porvenir. Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior, indicó que los criminales prefieren atacar colegios pequeños con poca capacidad de defensa.

La situación es terrible por donde se vea. Colegios que suspenden clases o cierran del todo para evitar agresiones. Docentes, alumnos y personal administrativo en riesgo constante –la semana pasada, un sicario asesinó a un profesor dentro del colegio Julio C. Tello en Ate–. Y una sensación en la sociedad de que ni siquiera instituciones tan delicadas como los colegios se pueden salvar de la violencia criminal.

Ambas carteras ministeriales responsables, sin embargo, no parecen tomarse el tema con la seriedad que demanda. Morgan Quero, titular de Educación, no ha dicho nada respecto de las medidas integrales que se tomarán para resguardar la seguridad en los colegios extorsionados. Juan José Santiváñez, ministro del Interior, dijo, a propósito del referido asesinato del profesor en Ate, que ello “no significa que el estado de emergencia no esté funcionando”. A ambos se les ve más cómodos, por el contrario, fungiendo de defensores públicos de la presidenta Dina Boluarte frente a cualquier cuestionamiento.

El Gobierno debe prestar especial atención a este tipo de violencia, porque va dirigida contra uno de los pilares básicos y más vulnerables de la sociedad. Y una sociedad que no puede ni proteger sus colegios envía, fuerte y claro, el mensaje de que todo el resto está disponible para la delincuencia.