Editorial El Comercio

Más de una semana después de las el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no ha mostrado las actas que ellos aseguran le dan el triunfo a y que la comunidad internacional exige. Lo único que han difundido han sido dos escuetos boletines con resultados que no se pueden verificar –ni creer– y han hablado de un presunto ‘hackeo’ del sistema ejecutado desde Macedonia del Norte para el que, por supuesto, tampoco han presentado pruebas. Mientras tanto, la oposición ha logrado colgar en Internet el 83,5% de las actas –el régimen impidió que accedieran a todas– que muestran que Edmundo González Urrutia le saca casi cuatro millones de sufragios de ventaja al discípulo de Hugo Chávez.

A estas alturas, queda claro que el chavismo, o bien no va a presentar las actas o bien está preparando unas fraudulentas que puedan sostener su farsa de que ganó las elecciones. Y la respuesta de los venezolanos ante este claro intento de robarles los votos ha sido una serie de protestas que han vuelto a sacar a la luz la faceta represiva y asesina del proyecto chavista.

Hasta ayer, en efecto, se calculaba que una veintena de personas habían muerto en las manifestaciones desatadas desde la madrugada del lunes 29 de julio, cuando el CNE difundió –luego de varias horas de retraso y silencio– su primer boletín que mostraba el fraude en marcha. Las cifras de fallecidos son inexactas porque hay un número importante de detenidos cuyo paradero se desconoce. Según la ONG Foro Penal, hasta ayer ellos habían podido comprobar más de 1.100 arrestados desde la jornada electoral, de los que 100 son adolescentes.

La represión se ha ensañado en particular con los integrantes de la oposición. Ya durante la campaña, el chavismo había perseguido a varios colaboradores de , la lideresa opositora que arrasó en las primarias de ese sector político y que ante la inhabilitación ordenada por el régimen en su contra promovió la candidatura de . Varios de ellos fueron apresados y otros se refugiaron en sedes diplomáticas. Tras los comicios, sin embargo, se han reportado ataques de grupos armados a locales en los que la oposición venía trabajando y un colaborador cercano de Machado, Fredy Superlano, fue secuestrado por el régimen el 30 de julio.

Ahora, el chavismo va por Machado y González Urrutia. Dos días atrás, la fiscalía venezolana –dirigida por uno de los más fervientes defensores de Maduro, Tarek William Saab– abrió una investigación penal contra ellos por anunciar que González Urrutia había ganado las elecciones y por pedirles a los militares que frenaran la represión e hicieran respetar el resultado de las urnas (pedidos, a decir verdad, bastante sensatos). Coincidentemente, el anuncio llega días después de que Maduro dijera en público que ambos debían “estar tras las rejas” y luego de que el titular del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, pidiera cárcel para ambos por “intentar sembrar una guerra civil en el país”.

Considerando que el chavismo ha demostrado más de una vez que no tiene vergüenza para apresar a opositores (recordemos que Leopoldo López estuvo recluido unos años atrás por liderar masivas manifestaciones contra la dictadura) ni para matarlos (en el 2018, Fernando Albán, un concejal detenido, se ‘suicidó’ cuando se encontraba bajo custodia de las autoridades), es imprescindible que la comunidad internacional esté atenta y dispuesta a actuar si Machado y González Urrutia son arrestados en las próximas horas.

Los venezolanos necesitan de la solidaridad de las naciones democráticas en esta hora clave para la restitución de sus libertades. No de supuestas negociaciones con el chavismo para celebrar elecciones de nuevo (lo que significaría darle tiempo para preparar un fraude más elaborado) o canjear impunidad por acatamiento de resultados para Maduro y su cúpula (lo que significaría burlarse de las víctimas de la represión de la última década y respaldar el saqueo de los recursos del país caribeño que el chavismo ha operado). Eso solo sirve para darle oxígeno al chavismo que, atrincherado, ha vuelto a sacar la carta de la persecución.

Editorial de El Comercio

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