No se olviden de Vizcarra

Esta semana, el Poder Judicial le impuso 12 meses de impedimento de salida del país al expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Se trata de una noticia importante para la ciudadanía, no solo por el hecho de que tiene como protagonista a quien hasta hace poco más de tres años ocupaba el cargo más importante del país, sino también porque se trata de alguien que continúa haciendo vida política, ha logrado inscribir su partido (Perú Primero) y no descarta presentarse en las próximas elecciones generales, pese a que se encuentra inhabilitado para ejercer la función pública por su vacunación irregular durante la pandemia (por lo que en realidad, al pedir el voto por él, no hace otra cosa que engañar al electorado). Solo una de estas circunstancias sería suficiente para requerir a las autoridades que lleguen hasta el final en las pesquisas contra el exmandatario y más aún cuando –para su pesar– las evidencias en su contra no ayudan a darle el beneficio de la duda.

Respecto de estas, hay que decir que la Unidad de Investigación de El Comercio fue clave en recopilarlas y hacerlas de conocimiento público. Ello, en un momento en el que el entonces presidente gozaba de una importante aprobación popular (54% en octubre del 2020, según Ipsos) y cuando muchos de sus defensores criticaron a esta casa periodística por supuestamente hacerle el juego al Congreso que terminaría declarando su vacancia el 9 de noviembre del 2020. La realidad, no obstante, es que las investigaciones de este Diario contra Vizcarra comenzaron a finales del 2019, antes incluso de que la representación nacional que lo destituyó jurara.

El 6 de diciembre de ese año, El Comercio informó que en el penúltimo día de la gestión de Vizcarra como gobernador regional de Moquegua (2011-2014) se autorizó un sospechoso desembolso de más de S/41 millones a favor del consorcio encargado de la construcción del hospital de la región, un pago que la contraloría calificó de irregular. Dicho consorcio estaba integrado por las empresas ICCGSA e Incot. Un año después, en octubre del 2020, este Diario revelaría que tres aspirantes a colaboradores eficaces en un caso diferente (el del ‘Club de la Construcción’, que comprometía a ICCGSA) declararon ante la fiscalía que le habían pagado S/1′300.000 a Vizcarra por esta obra.

Pero para el momento en el que publicamos el primer reportaje, nuestra Unidad de Investigación ya se encontraba siguiendo la pista de un sospechoso vuelo que en diciembre del 2013 trasladó a una serie de funcionarios bolivianos hasta Ilo, donde fueron recibidos por Vizcarra. El avión que se encargó de la travesía fue contratado por la empresa Obrainsa por un costo de casi S/36 mil, la misma firma que apenas tres días después suscribiría un contrato millonario con el Gobierno Regional de Moquegua por el proyecto Lomas de Ilo. Obrainsa, para más luces, pertenece a los hermanos Tejeda Moscoso, que años atrás habían trabajado con la empresa del expresidente y su hermano, César Vizcarra.

En octubre del 2020, nuestra periodista Graciela Villasís reveló que otro colaborador eficaz había contado al Ministerio Público que Obrainsa costeó el traslado de la delegación boliviana a pedido de Vizcarra y a cuenta de un soborno que este último le habría solicitado –de más de S/1 millón– para ayudarlos a obtener la buena pro del ya referido proyecto. El Comercio publicó el intercambio de correos entre Vizcarra y Paul Tejeda Moscoso donde discuten la cotización del vuelo, los vouchers del desembolsó de S/1 millón que Obrainsa realizó a su conserje Tobías Puerta Gutiérrez para poder entregarle en efectivo el soborno a Vizcarra y mucha más información al respecto.

Por supuesto, la culpabilidad o inocencia del exmandatario se dirimirá en un juicio, pero es saludable que los casos en su contra continúen avanzando y, más aún, que no los perdamos de vista solo porque otros expresidentes se encuentran también en líos con la justicia.