Editorial El Comercio

En más de una ocasión, es la pasividad ante las acciones ilegales lo que las hace posibles. A fuerza de repetición e impunidad, la normalización de inconductas genera que, con el debido tiempo, algunos las consideren apropiadas para abrirse paso en la sociedad, aun a costa del resto. Mientras más se repiten, menor su carga negativa. Y, una vez que el círculo vicioso de hábito y reproducción se asienta, es muy difícil de frenar.

Es esto mismo lo que ha venido pasando con demasiada regularidad en las del país. Las imprudencias suceden a la vista y paciencia de conductores, peatones y autoridades, pero solo muy ocasionalmente las infracciones son sancionadas. Frente a la extensión del problema y la ausencia de respuestas, la mayoría simplemente decide asumir que así son las cosas y continuar con resignación. Otros, al percibir la impunidad, se suman a la carga.

Con ello en mente, como parte de su campaña , El Comercio ha vuelto a señalar a los trasgresores. El 2 de enero de este año, este Diario difundió a través de distintos canales los nombres de las personas que ocuparon ilegalmente la vía auxiliar de la carretera Panamericana Sur en su camino a las celebraciones de Año Nuevo. La maniobra es tristemente común, pero no por ello menos comprometedora. No es, como algunos piensan, un crimen sin víctimas. Incrementa el tráfico y tiene el riesgo de causar accidentes y hacer imposible el acceso a vehículos de emergencia.

La difusión de la identidad de los irresponsables es el primer paso. Choferes para quienes su tiempo vale más que las potenciales vidas perdidas debido a su imprudencia deben también ser formalmente acusados. Así, bajo el marco del Reglamento Nacional de Tránsito y con registros audiovisuales, El Comercio formuló 40 denuncias frente a la (ATU) para que sigan el proceso administrativo correspondiente hasta convertirse en sanciones efectivas. La mitad de los casos corresponde a unidades de servicio informal de transporte (vehículos que deberían ser fiscalizados por la ATU), en tanto que la otra mitad son unidades particulares y sus denuncias se derivarán a la policía para la respectiva papeleta.

Este Diario se reafirma en su compromiso de lograr vías de transporte más seguras para todos y anima a la ciudadanía a emprender denuncias similares contra quienes hacen de nuestras avenidas y carreteras zonas de alto peligro. Cualquier ciudadano puede hacerlo. Existen canales digitales (el correo electrónico de la ATU y la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones), y presenciales (en las áreas de fiscalización de la municipalidad distrital o provincial donde se registró la falta, o en la comisaría de la jurisdicción). Es indispensable contar con evidencia (fotografías o videos de la infracción) y seguir un trámite burocrático que las autoridades deberían simplificar si desean masificar su uso. Las papeletas impuestas, además, deben tener consecuencias reales: varios de los vehículos infractores mantenían ya cuantiosas deudas por este concepto y órdenes de captura.

Lo indispensable es empoderar a la ciudadanía para que –al convertirse ella misma en agente fiscalizador– la predisposición a cometer infracciones de este tipo se reduzca considerablemente. Para ello, el primer paso es hacer notar que las pésimas costumbres de invadir carriles auxiliares, utilizar paraderos prohibidos, exceder las velocidades permitidas, entre otros actos hoy cotidianos, no deben tener cabida en nuestras pistas. Si bien las autoridades tienen un rol que jugar, en este esfuerzo la tarea es, cada vez más, de todos.

Editorial de El Comercio