Editorial:Un precio barato

El Caso Lava Jato es el proceso judicial más trascendental para el país de los últimos años.

Hasta el momento se conoce que los actos de corrupción de Odebrecht habrían estado presentes en megaobras como la línea 1 del metro de Lima, la carretera Interoceánica Sur, la Vía Evitamiento del Cusco y la Vía Expresa del Callao, y que, según declaraciones de algunos aspirantes a colaboradores eficaces, la constructora brasileña habría aportado a las campañas de los principales candidatos presidenciales en los procesos electorales (lo que incluiría al menos a Ollanta Humala, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski) y a la campaña en contra de la revocación de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán. Es difícil pensar, pues, en una investigación penal con un impacto mayor para la clase política y la sociedad peruana en general.

Pese a lo asombrosa que resulta la magnitud de los hechos revelados, parece que aún no hemos descendido de la punta del iceberg. El Ministerio Público ha confirmado que todavía no ha logrado un acuerdo definitivo con uno de los principales postulantes a colaborador eficaz y antiguo máximo representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, por lo que la información pendiente de ser revelada seguramente será aun mayor.

La relevancia del testimonio de Barata se hacía patente con cada pieza del rompecabezas que aparecía en los medios de comunicación. Él era quien manejaba en el Perú el destino de los caudales provenientes de la famosa Caja 2 de Odebrecht, quien había entrado en contacto con los funcionarios a quienes se les pagó coimas y quien conocería el camino que siguieron los aportes que realizaron a las campañas electorales. Las propias declaraciones que dio Marcelo Odebrecht ante fiscales peruanos en dos ocasiones confirman esa hipótesis.

Precisamente por la importancia del testimonio de Barata –al igual que los de otros ex trabajadores de Odebrecht que tuvieran conocimiento y pruebas de los actos de corrupción y financiamiento ilícito– es que generaba gran preocupación que los principales actores del sistema de justicia mostraran estrategias contradictorias. Así, la noticia de que Barata podría dejar de colaborar con la justicia peruana puesto que, a raíz de sus primeras declaraciones, había sido involucrado como investigado en el caso de la IIRSA Sur y además se dispuso el embargo de sus cuentas, parecía confirmar que la disparidad de intereses entre fiscalía, procuraduría y Poder Judicial entorpecería el esclarecimiento de los hechos.

El último martes, sin embargo, se dio un primer paso para desbrozar el trayecto hacia la verdad. A pedido de la fiscalía, el juez Richard Concepción Carhuancho resolvió excluir a Barata de la investigación penal en el caso de la IIRSA Sur y dictó “el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesan en su contra solo en este proceso a fin de no afectar el normal desenvolvimiento de la colaboración eficaz”. Con ello, se esperaría que la fiscalía y el aspirante a colaborador lleguen pronto a un acuerdo definitivo que lo exonere o atenúe su responsabilidad penal a cambio de la información completa y suficiente para poder procesar a los demás involucrados en los actos delictivos de los que participó Odebrecht.

Llama peligrosamente la atención, no obstante, que el procurador anticorrupción Jorge Ramírez se haya opuesto a esta decisión y haya apelado la exclusión de Barata. Contrariamente a lo que él alega, la condición de colaborador eficaz no exime del pago de la reparación civil, según la propia legislación procesal penal. Más aun, como consecuencia de la información que los colaboradores proporcionen, el número de sentenciados y obligados a la reparación civil en favor del Estado se incrementaría.

Que un delincuente como Barata pueda quedar sin sanción penal en el Perú (aún debe responder ante la justicia brasileña) es, sin duda, un costo. Pero dado todo lo que queda por descubrir y todas las cuentas que los socios, corrompidos y cómplices de Odebrecht tienen por rendir ante la justicia y la opinión pública, ese costo es realmente barato… Salvo, claro está, para quienes no quieren que se conozca el monto total de la factura que, a raíz de estas revelaciones, tendrían que pagar.