:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/6e84b434-c0be-46b9-aa82-22561eef6ab0.png "Editorial El Comercio")
El Caso Odebrecht y destapes posteriores hicieron más daño a la institucionalidad nacional del que normalmente se estima. Pervirtieron personas, organizaciones y sistemas con heridas que se mantienen abiertas casi una década después de las primeras acusaciones. Uno de estos casos graves –con efectos de largo plazo– ha sido sobre la confianza y efectividad del sistema de justicia.
Esta semana, por ejemplo, el empresario Ricardo Briceño completó su tercera audiencia tras ocho horas de interrogatorio dirigido por el fiscal José Domingo Pérez. Briceño fue presidente de la Confiep entre marzo del 2009 y febrero del 2011. En ese cargo, según el Ministerio Público, habría defraudado al gremio que dirigía para financiar la campaña del 2011 de Keiko Fujimori con más de US$2 millones.
La acusación no tiene ni pies ni cabeza. No hay testigos que lo acusen. No hay rastro de dinero ilícito. No hay siquiera contacto de Briceño con el resto de los imputados en el caso. En entrevista publicada en julio en este Diario, Briceño narra las tergiversaciones maliciosas que la fiscalía ha aplicado para insistir en su inclusión en el Caso Cocteles. El fiscal Pérez, en claro abuso de su posición, daña reputaciones y vidas.
Los excesos de la fiscalía, con la aquiescencia del Poder Judicial, van mucho más allá de Briceño, pero su proceso sirve para ilustrar las dimensiones del vía crucis judicial al que se puede someter a cualquiera. Un Ministerio Público que persigue por varios años a personas sobre las que no tiene mayor evidencia no es un activo institucional; es un riesgo enorme para el Estado de derecho. En esta situación ha sido un representante empresarial el injustamente acosado; luego podrá ser el líder sindical, periodista o rival político de turno el imputado de forma gratuita. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski es también uno de ellos.
El abuso debe parar. La fiscalía ha perdido prestigio y fuerza en los últimos años por perseguir casos que denotan fines políticos más que de justicia. En el camino, dilapida tiempo, recursos y maltrata gratuitamente a ciudadanos inocentes. Mientras tanto, acusados sobre los que sí hay una carga de evidencia sólida permanecen décadas en libertad. La justicia es necesaria para que el país progrese, pero sus excesos en su búsqueda pueden hacerle tanto daño como el que le hace su ausencia.
